viernes, 24 de octubre de 2008

HO denuncia en un ranking el obstruccionismo a la objeción a EpC en los colegios


El Ranking muestra en rojo los que hostigan a los objetores y, en verde, los que les facilitan la objeción. Los obstáculos más frecuentes son amenazas de repetir curso, negativa a tramitar la objeción y comentarios despectivos contra los niños de familias objetoras.
MADRID, 23 DE OCTUBRE DE 2008.- Amenaza de repetir curso, coacciones, comentarios despectivos o negativa a tramitar declaraciones de objeción de conciencia. Éstas y otras actitudes se dan actualmente en algunos colegios contra las familias objetoras a Educación para la Ciudadanía.
Para que se conozca cada caso, HazteOir.org relanza su Ranking de colegios ante EpC, según ha anunciado este jueves José Carlos Muñoz, portavoz de HO para la agenda educativa.
HazteOir.org ha habilitado una dirección de email, jocarmube@hotmail.com, para recibir las denuncias de casos de vulneración del derecho a la objeción en el día a día de los colegios.
Los episodios, debidamente contrastados, se ordenan en un ranking que clasifica a los colegios españoles según su actitud frente a la objeción.
En rojo, se indicarán los centros con una acreditada actitud obstruccionista o directamente coactiva con las familias objetoras.
En amarillo, figuran los colegios que no ponen trabas a la objeción y atienden adecuadamente a los niños en las horas lectivas de EpC en que quedan exentos de asistir a las clases de adoctrinamiento.
En verde, se inscriben los colegios que facilitan o promueven la objeción a EpC y proporcionan a los alumnos una adecuada atención educativa durante las horas que dura el adoctrinamiento moral previsto por el Gobierno.
Aumenta el número de denuncias
Las denuncias de obstruccionismo y coacciones llegadas a HazteOir.org han aumentado con ocasión del despliegue de EpC en todas las Comunidades Autónomas.
El profesor y portavoz HO en esta materia, José Carlos Muñoz, explica que “las estratagemas obstruccionistas más frecuentes” son las de directores y jefes de estudios que dejan en el cajón las declaraciones de objeción de los padres y no les dan curso ante la Administración educativa, regional o ministerial, como es su obligación.
“También hemos sabido por los objetores -añade el portavoz HO- que algunos centros niegan toda posibilidad de informar a los padres de sus alumnos sobre el contenido de los currículos de EpC e invitan a quienes objeten a llevarse a sus hijos del colegio“.
“Otros miembros del movimiento objetor -continúa José Carlos Muñoz, también miembro del equipo de asesoramiento a los padres objetores creado por Profesionales por la Ética- nos informan de que ciertos directores y profesores han pretendido obligar a hijos de objetores a entrar en las clases de EpC (y a algunos han logrado imponérselo), les han hecho comentarios despectivos sobre la decisión adoptada por sus familias o incluso los han ridiculizado ante otros estudiantes”.
Otros métodos de hostigamiento a las familias objetoras consisten en hacerles llegar amenazas de falsas repercusiones académicas por su decisión: “En algunos centros han asegurado a los objetores que sus hijos no podrán promocionar por no haber cursado EpC, afirmación de cuya falsedad dan muestra irrefutable los numerosísimos hijos de objetores que, no habiendo asistido a las clases de la materia que en algunas Comunidades se impartió el pasado año en 3.º de la ESO, se encuentran actualmente en 4.º curso”. ”También se dan casos de amenazas con que no podrán obtener ningún título, pese a que es de dominio público que la LOE establece que se puede obtener el Graduado en la ESO con dos materias suspendidas y hasta con tres”, concluye el portavoz HO en materia de Educación.

jueves, 9 de octubre de 2008

Presentación de la iniciativa y el manifiesto Derecho a Vivir (DAV) 





El Comité independiente de Expertos será “la referencia de un debate riguroso” sobre el aborto.


La doctora Gádor Joya, portavoz de DAV, destaca que la sociedad cuenta, desde hoy, con una fuente de información fiable y alternativa al un Comité gubernamental “manifiestamente sesgado”


CANARIAS, 9 DE OCTUBRE DE 2008.- Un comité independiente formado por dieciséis científicos, juristas, médicos y mujeres víctimas del aborto producirá información cualificada en los próximos diez meses sobre la realidad del aborto y sobre el plan de una nueva ley abortista emprendido por el Gobierno en contra de su promesa electoral de limitarse a "una reflexión".El grupo de trabajo forma parte de la iniciativa Derecho a Vivir (DAV), presentada el pasado 23 de septiembre en Madrid por medio de un breve manifiesto en el que se pide protección legal para "el derecho a vivir y a ser madre".La iniciativa Dereho a Vivir (DAV) ha recogido más de 50.000 adhesiones individuales. Ya son más de 50 las entidades adheridas a la campaña y casi 200 blogs con el distintivo DAV desde el pasado 23 de septiembre, mientras que el número de miembros de apoyo en Facebook se acerca a los 3.000. El sitio web http://www.derechoavivir.org/ es el punto de recogida de adhesiones y donativos.DAV nace para promover el conocimiento objetivo sobre el aborto y defender tanto el derecho a la vida como la información y el apoyo a las mujeres embarazadas.El primer Comité independiente de Expertos difundirá en los próximos meses varios dictámenes sobre el aborto, desde enfoques jurídico, biomédico psicológico y social. Los informes servirán de "referencia para un debate riguroso sobre el aborto que el Gobierno ha querido hurtar a la sociedad con un Comité gubernamental manifiestamente sesgado", ha comentado la doctora Gádor Joya Verde, portavoz de DAV.Gádor Joya ha recordado que las entidades de la sociedad civil con una trayectoria contrastada de defensa de la mujer y de la vida pidieron públicamente a la ministra de Igualdad "un debate plural y riguroso, pero el Gobierno se ha negado a escuchar todo aquello que no respalde lo que ya tiene decidido de antemano, que es introducir el aborto libre mediante la conocida como ley de plazos".Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, organización pro-derechos civiles impulsora de DAV, ha pedido a la Oposición parlamentaria "claridad" al fijar su posición en este debate, "que es mucho más trascendente que una simple cortina de humo contra la crisis económica; es parte de un proyecto declarado para cambiar la sociedad, y la respuesta a esa iniciativa contra el derecho a la vida y contra la mujer tiene que pasar por una posición de principios clara y firme".

viernes, 3 de octubre de 2008

Los padres objetores recurren la imposición de Educación para la Ciudadanía en las Islas

Viernes, 03-10-08
BERNARDO SAGASTUME
LAS PALMAS. Los padres objetores piensan seguir la batalla. Ante la comunicación, ayer, de la Consejería de Educación de que la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía «no tiene respaldo normativo, no siendo viable realizar alguna actividad sustitutoria de las asignaturas englobadas bajo esa denominación», estudian nuevas acciones y recurrirán ante los juzgados.
«Lo que haremos será recurrirlo. Ya en varias decenas de sentencias judiciales -las últimas, en Castilla-La Mancha-se ha eximido de la obligación de cursar esa asignatura», anunció ayer Samuel del Pozo, uno de los primeros padres objetores del Archipiélago, quien calificó de «lo esperable» la conducta de la Consejería que dirige Milagros Luis Brito.
Los padres que han hecho objeción de conciencia lamentan que en las distintas Comunidades Autónomas no exista un criterio único a la hora de encarar la polémica nueva asignatura. Ni siquiera en comunidades donde gobierna el Partido Popular (PP), principal opositor a la materia, hay unidad de acción. Por otra parte, en comunidades como Andalucía se han denunciado acosos a los alumnos de padres objetores.
El comunicado de ayer de la Consejería de Educación recordaba que los padres, como representantes legales del alumno, «están sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente, para los matriculados en los centros educativos no universitarios de Canarias en el presente curso escolar 2008/2009, en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial del derecho pretendido».
Según la Consejería, se está dando esta respuesta negativa a los padres objetores del Archipiélago. Sin embargo, algunos padres consultados afirmaban a este periódico que no habían recibido todavía ninguna comunicación.
Bazán coincidía en esto último. «Es la primera noticia que tengo», dijo ante la llamada de ABC, sin sorprenderse por el resultado. «No parecía que la Consejería estuviera dispuesta a facilitar el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia. Quizá si estuviera en manos del PP, habría más apoyo, pero como la tiene Coalición Canaria...».
La imposición le recuerda «más a un Estado totalitario» que a uno «democrático como el español». Por eso, en su caso particular, ha aconsejado a su hija, de 15 años, que no asista a clase cuando se imparta la nueva asignatura. El resultado previsiblemente negativo que pudiera tener en su rendimiento académico no le inquieta. «Es una chica de sobresalientes. Como se ha relajado tanto lo de pasar de curso... aunque suspenda Educación para la Ciudadanía podrá seguir su carrera». Bazán está convencido de que se quiere «formar la conciencia moral» de sus hijos, un derecho que le pertenece y que no quiere ceder al Estado. «Además, muchos de los principios que aparecen en la asignatura no los comparto», afirma.

http://www.abc.es/20081003/canarias-canarias/padres-objetores-recurren-imposicion-20081003.html

Los objetores a EpC de Canarias iniciarán acciones judiciales




'Tenerife Educa en Libertad' acusa al gobierno autonómico de vulnerar los derechos fundamentales de los padres, tras el anuncio de la Consejería de Educación de que no reconocerá la objeción.
REDACCIÓN HO.- Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas del área de conocimiento denominada genéricamente Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato, todas ellas ya implantadas en el sistema educativo de las Islas; el curso próximo se les añadirá Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 5.º de Primaria).
La Consejería de Educación canaria niega que los padres tengan ningún derecho a objetar a esas materias y alega "que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare", denuncia Victoria Elena Colmeiro, portavoz de la plataforma 'Tenerife Educa en Libertad'.
Para esta asociación, la postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental. "En primer lugar", asegura Victoria Elena, "el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental".
Colmeiro añade que "resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar este derecho, que existen sentencias contradictorias y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo".
Ha destacado así mismo que "llama la atención la ligereza con que el gobierno canario menciona una supuesta (y fantasmagórica) resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante el que aún no se ha sustanciado ningún procedimiento sobre la objeción de conciencia. Eso da una idea del nulo rigor con que nuestro gobierno autonómico aborda esta cuestión".
Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que varios Tribunales Superiores de Justicia han dictado hasta ahora 39 sentencias y más de 60 autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de EpC.
"Estas materias", asegura Colmeiro, "tienen como objetivo, según los reales decretos que desarrollan sus contenidos, profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introducen en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres".
Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles para reclamar el reconocimiento del legítimo ejercicio de ese derecho.
La portavoz de 'Tenerife Educa en Libertad' llama finalmente la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. "Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores", señala. "Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP o sus socios) se muestran muy beligerantes con los objetores, hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos", ha destacado.
La Consejería de Educación asegura que la objeción de conciencia a EpC no tiene respaldo normativo
Por medio de una nota de prensa hecha pública ayer, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia que denegará a los padres objetores el reconocimiento de su derecho a plantear objeción de conciencia para que sus hijos no cursen las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Así mismo, afirma que no es viable sustituir estas asignaturas por ninguna actividad sustitutoria para los alumnos cuyos padres han tramitado sus declaraciones de objeción, que -según reconoce la Administración ecucativa de las Islas- son 189.
Para la Consejería, la objeción de conciencia a EpC "no tiene respaldo normativo, no siendo viable realizar alguna actividad sustitutoria de las asignaturas englobadas bajo esa denominación" y anuncia que en estos términos está contestando a las familias que han tramitado sus declaraciones.
La Consejería indica a los padres que, "en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial del derecho pretendido", no podrán ejercer esa acción para evitar que sus hijos recibanlas enseñanzas de ese grupo de asignaturas.
Para el Gobierno de Canarias, "no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares" y resalta que "existe una divergencia de criterio de las sentencias de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas Comunidades Autónomas (TSJ de Cataluña, TSJ del País Vasco, TSJ de Asturias, TSJ de Valencia, TSJ de Andalucía, TSJ de Cantabria y el TSJ de la Rioja)".


El Gobierno rechaza la objeción a Ciudadanía y no ofrecerá alternativas

La Consejería de Educación responde a los padres que han presentado alegaciones que la objeción "no tiene respaldo normativo" y que "no es viable" ofertar actividades sustitutorias. Las familias recurrentes anuncian que acudirán a los tribunales. "Si es necesario llegaremos hasta el Tribunal Constitucional", advierten.

M.G./EL DÍA, S/C de Tenerife
La oposición de un colectivo de padres canarios a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) va camino de terminar en los tribunales, al igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Las objeciones de conciencia planteadas por estas familias no serán atendidas por la Consejería de Educación, que ayer determinó que la objeción "no tiene respaldo normativo" y que no es viable ofrecer "alguna actividad sustitutoria".
De esta manera, la Administración contesta a las 189 solicitudes planteadas por padres que se oponen a la materia por considerarla un intento de "adoctrinamiento" por parte del Estado y que esperaban desde comienzos de curso para conocer el pronunciamiento de los servicios jurídicos de la Consejería.
La polémica llegará a los tribunales de las Islas en cuanto la plataforma que agrupa a los padres -Tenerife Educa en Libertad- "esté constituida con base jurídica". Así lo aseguró ayer Elena Colmeiro, portavoz de esta asociación, quien insistió en que la Constitución ampara su derecho.
La Consejería ha recordado a los objetores que la Ley Orgánica de Educación (LOE) cataloga la asignatura como "materia de obligado cumplimiento". Asimismo, explica a los padres que, como representantes legales del alumno, "están sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente para los matriculados en los centros educativos no universitarios de Canarias en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial" del derecho que reclaman.
Según la Administración, la actual normativa "no regula ni establece la opción del derecho a la objeción de conciencia en relación con esta materia", pues la Constitución Española "únicamente alude a un supuesto específico, que es el del deber de prestar el servicio militar obligatorio".
También alega el Ejecutivo autónomo que no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares y que, además, se ha producido una "divergencia de criterio" entre las sentencias emitidas por los tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, Asturias, Valencia, Andalucía, Cantabria y La Rioja.
Una vez conocida la respuesta de la Consejería, las familias -que ya habían expresado su escepticismo respecto a la posibilidad de que la Administración atendiera sus reivindicaciones- tienen claro qué pasos deben dar a partir de ahora. "Si es necesario, llegaremos hasta el Tribunal Constitucional", advirtió ayer Elena Colmeiro. La representante de Tenerife Educa en Libertad recordó que "hasta ahora, los tribunales han dado la razón a los padres o han eximido cautelarmente a los alumnos de la obligación de ir a clase".
"No tenemos miedo porque estamos en nuestro derecho", señaló Colmeiro, para quien "no se puede obligar a los niños a permanecer en clase. La Administración iría contra sus derechos". La oposición de estas familias a EpC les está haciendo objeto, según esta madre, de "acoso", una situación que, lamentó, también sufren sus hijos al "no ser atendidos" y ser "señalados abiertamente por otros compañeros".

http://www.eldia.es/2008-10-03/canarias/canarias1.htm

La Consejería no permitirá objetar de Educación para la Ciudadanía y tampoco va a crear alternativas

►Educación dice que la objeción sólo se contempla en el "servicio militar"
►Casi dos centenares de padres han presentado su oposición a la asignatura

LA PROVINCIA/DLP - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La Consejería de Educación está notificando a los 189 padres y madres que, a día de hoy, han solicitado la objeción de conciencia en la asignatura Educación para la Ciudadanía que es de "obligado cumplimiento" para todos los escolares y que no se puede "sustituir por otra actividad" tal y como pedían las familias. La asignatura comienza este curso escolar para los estudiantes de segundo y cuarto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).La Consejería recuerda a los padres que mientras no haya un "reconocimiento legal" de dicho derecho, el alumno tiene la "obligación" de asistir a clase y que la objeción de conciencia sólo se reconoce en el caso del "deber de prestar servicio militar obligatorio".Según Educación, hasta el momento, hay "divergencias" en las sentencias que han emitido los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas en donde se ha recurrido la asignatura como es el caso de Cataluña, País Vasco, Asturias, Valencia, Andalucía, Cantabria y La Rioja. Además, de no existir "jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional".La Ley de Ordenación Educativa (LOE) del 2006, por la que se rige el sistema educativo español, introdujo esta materia en Educación Primaria y Secundaria, mientras que en el Bachillerato su contenido forma parte de la asignatura Filosofía y Ciudadanía. Su implantación no fue casual sino fruto de las indicaciones del Consejo de Europa de que la "educación para la ciudadanía democrática" debería ser un objetivo de la política educativa de los Estados miembros de la Unión Europea, pero los contenidos han creado un gran debate político y social que ha llevado a que cientos de padres presenten la solicitud de objeción de conciencia.ARGUMENTOS. Los colectivos y los padres y madres que están en contra de que la asignatura sea obligatoria argumentan que no se oponen a los contenidos "cívicos" pero sí a los contenidos "morales" que se imparten en Educación para la Ciudadanía, y que para ellos están circunscritos al ámbito de la familia.Jorge Melón, representante de la asociación Tenerife Educa en Libertad señaló ayer que no le ha sorprendido nada la contestación que ha dado la Consejería de Educación a los padres y afirmó que está en la "línea" de aquellos gobiernos de comunidades autónomas que no se han opuesto a la asignatura.Melón animó a las familias que han objetado a que lleven su reclamación por la "vía judicial" y dijo que prestarían la "ayuda jurídica" necesaria para ello.

http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100300_4_180127__LasPalmasGC-Consejeria-permitira-objetar-Educacion-para-Ciudadania-tampoco-crear-alternativas

EL GOBIERNO DE CANARIAS, CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES


Los padres objetores iniciarán acciones judiciales

S/C Tenerife, 3 de octubre de 2008. Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas (Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato) del Área de Educación para la Ciudadanía.
La Consejería de Educación canaria niega que el derecho a objetar sea fundamental y alega, además, que “no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare”. Para V. E. Colmeiro, portavoz de la Plataforma Tenerife Educa en Libertad.
La postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental. “En primer lugar”, asegura, “el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental”. Colmeiro añade que “resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar, este derecho, que existen sentencias contradictorias. Y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo”.

Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que en la actualidad existen 39 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y más de 60 Autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de esta asignatura. “Estas materias”, asegura Colmeiro. ”tienen como objetivo, según el Real Decreto que desarrolla sus contenidos, “profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introduce en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres”.

Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles, todos ellos relacionados con la objeción a Ciudadanía.

Hay que señalar, finalmente, que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores. Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP) o sus socios se muestran muy beligerantes con los objetores hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

La plataforma canaria contraria a Educación para la Ciudadanía está dispuesta a llegar a los tribunales

La aplicación de la nueva materia empieza este curso en segundo y cuarto de ESO. Los padres opuestos a la asignatura exigen a la Consejería una alternativa.
DELIA JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los representantes de los distintos colectivos que en Canarias se oponen a la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que este año comenzará a aplicarse por primera vez en los cursos de segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mantienen que plantearán las objeciones de los padres canarios ante los tribunales si la Consejería de Educación no aplica una alternativa.
Educación para la Ciudadanía fue introducida en el sistema educativo español de manera obligatoria por la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada durante la primera legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Precisamente, este curso expiraba el plazo concedido por el Ministerio de Educación a las distintas comunidades autónomas para que comenzaran a aplicar en las aulas la nueva asignatura, que ha generado un intenso debate en la sociedad española.
La polémica surge ante la convicción de ciertos sectores de que la materia incluida en Educación para la Ciudadanía, que será una asignatura evaluable, goza de "una manipulación política que pretende ir educando la conciencia de los jóvenes a imagen y semejanza de los gobiernos de turno, y eso es lo que no pueden permitir los padres", apunta Jorge Melón, el fundador de la plataforma Tenerife Educa en Libertad.
Por su parte, Antonio Saavedra, representante de la mencionada plataforma en Gran Canaria, advierte a los padres sobre la importancia de que expresen mediante escrito presentado ante la Consejería de Educación su objeción de conciencia a la asignatura.
Para Saavedra esta nueva materia "no respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos y con ella el Gobierno pretende construir sectariamente la conciencia moral de los alumnos. Están expulsando a los padres de la educación y eso es algo que no debemos tolerar". Además insiste en que la manera en que pretende aplicarse Educación para la Ciudadanía contraviene los mandatos constitucionales, refiriéndose concretamente a la violación del artículo 27.3 de la Constitución Española.
En todo el territorio nacional se han presentado ya más de 41.000 objeciones, de las que 116 (a fecha de agosto) son de padres canarios. En el ranking por comunidades la nuestra se sitúa en el penúltimo lugar, le sigue Baleares. En este sentido, Saavedra anima a las familias a mostrar formalmente su oposición, aunque aún no tengan hijos en edad escolar, "porque ésta es la única vía de frenar la aplicación de esta asignatura. Lo mismo ocurrió con los movimientos contrarios al cumplimiento obligatorio del servicio militar, donde se contó en diez años con 70.000 objeciones que, finalmente, dieron su fruto".
CONFESIÓN. Los promotores de la plataforma contraria a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía en el programa curricular de las escuelas aclaran que se trata de un movimiento no partidista y no confesional, en un intento por corregir a aquellos que pretenden ligar las objeciones a un pensamiento conservador o religioso.
"Los padres que están objetando y que manifiestan su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias la Consejería de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas", añade Jorge Melón, quien además piensa que la escasa repercusión de las objeciones en la enseñanza confesional responde al hecho de que "los colegios concertados, en su mayoría religiosos, se han plegado al dinero del concierto y creen que ellos están a salvo porque pueden aplicar su ideario".
Saavedra coincide en "la existencia de una cierta pasividad por parte de los centros confesionales. Ellos creen que tendrán cierta libertad en la aplicación de esta asignatura, pero yo estoy seguro de que Educación pondrá en marcha a los equipos inspectores para asegurar que la ley se cumple igual en todas partes".

http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091400_5_176231__SOCIEDAD-Y-FUTURO-plataforma-canaria-contraria-Educacion-para-Ciudadania-esta-dispuesta-llegar-tribunales

EpC entra de puntillas en Canarias

Educación para la Ciudadanía (EpC) llega mañana a las Islas sin la polémica que en otras regiones y mientras la Consejería estudia las alegaciones presentadas por 116 padres que temen que la Administración sólo intente "ganar tiempo".
MIGUEL GÓMEZ, Tenerife
Pese a la activa oposición de un grupo de padres, no parece que el "aterrizaje" en Canarias de Educación para la Ciudadanía (EpC) -que este curso se impartirá en segundo de la ESO- vaya a despertar la misma controversia que en otras comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), algunas de las cuales han declarado la guerra a la asignatura. Su llegada a las Islas no ha sido precedida de un debate social y político comparable al que se ha producido en esas regiones. Más bien ha generado un cierto consenso entre la comunidad educativa -asociaciones de padres y de alumnos la acogen con satisfacción-, y sólo las cerca de 120 alegaciones presentadas ante la Consejería de Educación -que, en caso de ser desestimadas, acabarían en los tribunales- amenazan con avivar la polémica.
La cifra de objeciones planteadas en Canarias es de las más bajas del país -sólo en Baleares se han registrado menos-, un dato que los promotores de la oposición a la asignatura atribuyen al "miedo" de los padres y a las reticencias que han encontrado en algunos centros de enseñanza. Esta última circunstancia lleva a Jorge Melón, portavoz de la asociación Tenerife Educa en Libertad, a recomendar a las familias que no desean que sus hijos cursen EpC que entreguen los escritos de objeción ante la consejería, no sólo en los institutos. Además, Melón se muestra convencido de que el número de alegaciones se incrementará.
Aunque admite que la disposición del Gobierno a analizar sus motivos deja "un resquicio" a la esperanza, Jorge Melón no está muy convencido de que la Administración termine aceptando los argumentos de los objetores. "Intentan ganar tiempo y nada más". De confirmarse esta previsión, las familias irán a los tribunales, como ha ocurrido en otras comunidades, en algunas de las cuales se han dictado fallos favorables a sus posiciones, caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
"Los padres tenemos la potestad de educar moralmente a nuestros hijos y el Estado no se la puede apropiar para formarlos según sus criterios y valores, que además son cambiantes. Ahora gobierna la izquierda, pero cuando lo haga la derecha, ¿educará a los niños en sus propios valores", reflexiona.
En el caso de Canarias, el propio proceso que se sigue para dar salida a las objeciones suscita dudas. Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que "no es el procedimiento habitual", pues "en otras comunidades las alegaciones no se remiten directamente a la Administración, sino que son examinadas por los tribunales".
Por lo que se refiere al futuro que puedan tener estos recursos, en el seno del mismo Gobierno regional se reconoce que la objeción de conciencia "no está reglada" en casos como éste. Sin embargo, el Ejecutivo sí cree conveniente que los ciudadanos "tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión a la Administración antes de acudir a la Justicia". Respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda articular una alternativa a la asignatura en caso de que se aceptaran las alegaciones, esta fuente recuerda que otras regiones, como Madrid, así lo han hecho. "Mecanismos puede haberlos, otra cosa es que aquí se decida ofertarlos", advierte.
Lo que sí ha dejado claro la Consejería es que la implantación de la asignatura se hará conforme a la ley. Ante la pregunta de si el Gobierno ha previsto qué actuaciones poner en marcha en caso de que las alegaciones sean estimadas, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, responde: "De momento, no. Los tribunales dirán lo que hay que hacer, pero en estos momentos es una ley que nos obliga a todos".
Tampoco el PP ha optado por hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento en Canarias, aunque cabe conjeturar que su postura sería otra si controlase la Consejería de Educación, en manos de su socio de gobierno, Coalición Canaria. Aun así, los populares aseveran que su postura es la misma en el Archipiélago que en el conjunto del Estado.
"Hecha a medida"
En este sentido, Carlos Ester, portavoz del grupo parlamentario del PP en materia educativa, considera que la asignatura "no se debe impartir". En primer lugar, porque "está hecha a la medida del PSOE, que busca propulsar sus valores sin contar con el consentimiento de los padres", y, además, porque no constituye una prioridad en unos momentos en que España viaja en el vagón de cola de los países europeos en lo que se refiere a calidad de la enseñanza.
Aunque el PP cree firmemente en la objeción de conciencia como "un derecho que recoge la Constitución y nos ampara a todos", no se plantea rebelarse ante la ley. "Nunca vamos a ir en contra de una ley. Hay que esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos de la consejería y los tribunales y después tratar de llegar a un acuerdo", apunta Carlos Ester.
Entre tanto, los colectivos de padres y de alumnos parecen conformes con los contenidos y orientación de la asignatura. Domingo Monzón, de la confederación regional de asociaciones de padres, defiende EpC porque "la formación en valores de ciudadanía, sociedad democrática, compromiso y participación no puede quedar reservada sólo a las familias", al tiempo que circunscribe la controversia generada en otras regiones a motivos políticos. En cuanto a la objeción de conciencia, se pregunta: "¿Objeción a qué? ¿A la formación como ciudadanos, a la Constitución Española?".
La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) también respalda la materia. "La vimos positiva desde un principio y tras profundizar en ella seguimos viéndola así", comenta el presidente de la asociación, Alberto Álvarez, quien, no obstante, deja la puerta abierta a la búsqueda de alternativas para quienes no quieran cursar la nueva materia.

http://www.eldia.es/2008-09-14/canarias/canarias4.htm

sábado, 6 de septiembre de 2008

Tenerife Educa en Libertad pide que se acepten las objeciones

Vista las declaraciones que ha hecho la directora general de Ordenación e investigación Educativa, Victoria González, la plataforma Tenerife Educa en Libertad le quiere agradecer su preocupación por los padres que han presentado objeciones para que sus hijos no tengan que estudiar la asignatura adoctrinante Educación para la Ciudadanía , y que sus servicios jurídicos estén estudiando la salida que se les dará.Le queremos aclarar que Canarias con 116 objeciones, por ahora, no es la que menos objeciones tiene, ya que las Islas Baleares tienen 82 objeciones, según datos facilitados por Profesionales por la Ética. Si no hay más es porque muchos padres tienen miedo a presentarlas y que no sean aceptadas, pudiendo producirse marginación y rechazo hacia sus hijos en los colegios.Por tanto le pedimos a la Consejería que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, ya que aunque sólo fuera una objeción presentada tendría el mismo derecho que cien o mil.Según la constitución la potestad de educar le pertenece sólo a los padres y es una injusticia que ese derecho se lo quiera apropiar el Estado.

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Los padres irán a los tribunales

A escasos días de que comiencen las clases en toda España, en Canarias las plataformas constituidas en contra de la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya avisan de que "ante la falta de alternativas y dado que no se nos ha negado nuestro derecho a objetar, es probable que al poco de empezar las clases acudamos a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a educar moralmente a nuestros hijos". En este sentido, desde la asociación Tenerife Educa en Libertad se recuerda que "en Andalucía y Castilla-La Mancha hay padres que ya han ido a juicio y han ganado, así que en el mismo caso, lo lógico es que nosotros hagamos lo mismo". A juicio del portavoz de esta organización recientemente constituida, Jorge Melón, "los padres que están objetando y están mostrando su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias, la consejera de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas, lo que no sucede en otras comunidades". Melón incluso asegura que "en los colegios privados la cosa está más tranquila, sobre todo en los religiosos porque se adaptan al ideario, pero en los públicos hay quienes incluso se niegan a aceptar las solicitudes de objeción de conciencia, de manera que les recomendamos a los padres que las presenten directamente en la Consejería de Educación, aunque de momento no nos haya respondido".

http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad0.htm

Canarias sólo registra 116 objeciones a Educación para la Ciudadanía

G.M., AGCIAS, Tfe./Valencia
Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que han registrado un menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 116, según datos facilitados ayer por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505, y Valencia, con 5.606, encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155, y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron ayer que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, la mayoría de los padres objetores lo han hecho "no por los contenidos de la asignatura, sino por su planteamiento global, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo considera que en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Decisión judicial
Los promotores de la objeción a la polémica materia recibieron ayer un importante espaldarazo en forma de auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, que decretó la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo autónomo, recuerda que existe "un número cada vez más elevado de procedimientos cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución".

http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad1.htm

miércoles, 9 de julio de 2008

La objeción a EpC preocupa al gobierno y a las administraciones autonómicas

Madrid, 9 de julio. Al finalizar el curso 2007- 2008, las objeciones a EpC ascienden a 41 107 en toda España. Sin embargo, muchas de estas objeciones tienen carácter preventivo, al igual que sucedía con los jóvenes que se declaraban objetores al servicio militar antes de ser llamados a filas. Además, hay que tener en cuenta que hasta ahora EpC solamente se ha implantado en 3º de ESO en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura y Navarra.


Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, asegura que, de acuerdo con los datos proporcionados por las plataformas locales y regionales, en la Comunidad Foral de Navarra han objetado al menos 48 alumnos que se encuentran en 3º de ESO.

En Andalucía se han producido 449 objeciones (reconocidas por la Junta) de alumnos que se encuentran en 3º de ESO, así por ejemplo sólo en la provincia de Cádiz han sido 92 los alumnos objetores de 3º de ESO, de estos alumnos muchos han sido suspendidos y otros calificados como “No presentado”. En Córdoba capital son 17 los alumnos suspendidos o no calificados y en Jaén 4.

En Cantabria se tiene noticia de la existencia de 11 objetores a EpC en 3º de ESO.

En Aragón, en 3º de ESO han objetado como mínimo 27 alumnos, 7 en Huesca, 4 en Teruel y 16 en Zaragoza
. Curiosamente, en las calificaciones de final de curso, a esos alumnos se les ha puesto un 1 especificando que promocionan a 4º de ESO.

En Barcelona han sido al menos 46 los alumnos de 3º de ESO; algunos de ellos han suspendido con un 3.

Por otra parte, según Leonor Tamayo, numerosos objetores han sido obligados, bajo amenazas y coacciones, a entrar en clase sin respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Así, en Cantabria la Consejería de Educación ha llamado a los colegios para pedir la nota que habían puesto a los objetores a EpC, amenazando con que si no les decían la nota les enviaban a la Inspección Educativa.

En Asturias, los objetores también están sufriendo el acoso de la Administración autonómica. En esta Comunidad, los inspectores de Educación están dando instrucciones verbales (evitando las pruebas escritas) a los centros educativos para que expedienten a los objetores. “Con esta medida”, asegura Tamayo, “ponen en un compromiso al centro educativo, que tiene que enfrentarse a los padres sin un respaldo escrito de la Consejería de Educación”.


“Es curioso”, afirma Tamayo, “que una asignatura como EpC que en teoría enseña democracia y derechos humanos se imponga a base de presiones y amenazas a padres y alumnos, desde una falta de respeto absoluto a las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Española.”

Según Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el recrudecimiento de la campaña gubernamental de amenazas a los objetores a EpC, acusándoles de absentistas, pone de manifiesto que el movimiento objetor es imparable. Y el Gobierno central y las administraciones autonómicas lo saben.

Legalmente, según Urcelay, las administraciones que amenazan a los objetores se sitúan en una posición legalmente muy difícil. “Los objetores”, aseguran, “cumplen la ley”. Estas son sus razones:

§ Los objetores están cumpliendo la ley,
concretamente la máxima norma, la Constitución Española (artículo 16.1), que reconoce como derecho fundamental la libertad ideológica y religiosa. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias nº 15/82, de 23 de abril, FJ 6º, 53/85, de 11 de abril, FJ º 14, 161/87, FJ 3º), y del Tribunal Supremo (SSTS 16 de enero y 23 de enero de 1998, y 23 de abril de 2005, entre otras), la objeción de conciencia es un derecho que deriva de la libertad ideológica, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución.

§ Además, los padres objetores defienden la ley porque exigen el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual “los poderes públicos deberán garantizar que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”.

§ Se han producido dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocen el derecho a objetar a la asignatura y otra que afirma que algunos contenidos de la materia vulneran el «principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos». Las tres sentencias están recurridas ante el Supremo por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Además,
el TSJA ha dictado más de 20 autos aprobando medidas cautelares que suspenden la obligación de cursar EpC hasta que se dicte sentencia.

§ En Aragón, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha reconocido a una familia el derecho de sus hijos a no cursar EpC como medida cautelar hasta que se dicte sentencia.

§ En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido 23 sentencias denegando la objeción por falta de pruebas sobre el contenido de la asignatura aunque reconocen el derecho constitucional a la objeción de conciencia y el de los padres a educar a sus hijos por encima de las pretensiones del Estado. Las sentencias asturianas están recurridas por los objetores ante el Tribunal Supremo.

Urcelay recuerda igualmente que el absentismo escolar consiste en la reiterada falta de asistencia, periódica y sin justificación, al centro escolar, por lo que tratándose de la inasistencia a una clase concreta no puede hablarse de tal figura. El alumno cuyos padres han objetado permanece en el centro a lo largo de todo el horario escolar, incluidas las horas de EpC. Así, el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio (BOJA del 20 de junio), de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, define absentismo escolar como “la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique”.

El presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA afirma que “el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia es motivo sobradamente justificado para que el alumno del padre objetor no asista específicamente a las clases de EpC”. Por tanto, el menor presente en el centro educativo que se niegue por instrucción paterna a la asistencia a las clases de EpC no sería absentista, ya que la ley contempla como absentismo exclusivamente la ausencia del centro docente.
A esta legislación hay que añadir que la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Educación (LOE), apartado 3.,
reconoce, entre los derechos de los alumnos, “que sea respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución”. Esta misma Disposición de la LOE, en su apartado 5, especifica que «las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.»

viernes, 27 de junio de 2008

41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA.

Madrid, 25 de junio. El curso escolar que acaba de finalizar ha sido el primero en el que la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha impartido en 3º de Educación Secundaria Obligatoria en siete comunidades autónomas. La polémica materia ha suscitado ya, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, más de 41 mil objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.

Sin embargo, la polémica no ha hecho más que empezar porque el curso que viene EpC se impartirá en toda España, en 2º o 3º de ESO (según las comunidades autónomas), en 4º de ESO (bajo la denominación Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).

Estos datos han sido presentados hoy en Madrid por PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia de padres. Se espera, por tanto, un «otoño caliente» en el ámbito educativo.

Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el movimiento objetor está reflejando sin duda, una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, objetivos e identidad de sus protagonistas.

Tamayo ha asegurado que «los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos».

Igualmente, la coordinadora de esta campaña ha recordado que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41 107 padres objetores sino de nº de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que normalmente firman la objeción el padre y la madre..

Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla La Mancha y de Andalucía. «Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en abril de 200, ha asegurado Tamayo, «podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración educativa».

En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres, es decir ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que promovían la objeción a EpC con el lema Tus hijos, tu decisión, hoy son 92 las entidades que dan forma al movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.

A continuación ha intervenido Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad). Según Pastor, en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura ya que al leer los objetivos de EpC y de Educación Ético-Cívica se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como «la identidad personal», los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. «Tras leer los decretos de EpC», asegura Pastor, «me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuánto los padres se informan del objetivo de EpC, que es «formar la conciencia moral de los alumnos».

Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay , presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:

EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
No se puede entender que existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la fiscalía contra los padres. «Los objetores», ha asegurado, «van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando».
Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana , donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.

viernes, 13 de junio de 2008

Familia o educación cívica por Victorino Mayoral (Fundación Cives)

La Educación para la Ciudadanía no es precisamente cuestión baladí, ni de corto recorrido en la historia de la educación y de la ciudadanía. Solo si se ignora la génesis y trascendencia cultural, política y social del concepto y carácter de la ciudadanía democrática se puede aceptar la visión reduccionista, neoconservadora y fundamentalista de quienes niegan esa dimensión social del hombre. Como dijo Aristóteles solamente los dioses o los locos pueden vivir al margen de la sociedad y de la ciudadanía. Todos los sistemas democráticos conocidos han actuado y actúan con la misma lógica: los valores que fundamentan los derechos, las libertades y los deberes de la ciudadanía deben formar parte de la educación de todos los ciudadanos, sin que los derechos de los padres a elegir la educación religiosa y moral que crean adecuada para sus hijos constituya obstáculo alguno para el despliegue académico de la formación en valores democráticos por parte de los poderes públicos. La educación cívica se imparte en las escuelas norteamericanas desde la década de 1840 y en los niveles de enseñanza Primaria y Secundaria en Francia desde que Jules Ferry introdujo la instruction cívique en 1882. Hoy, el Consejo de Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas abogan por el desarrollo transversal o curricular, de la educación cívica y su generalización en los sistemas educativos democráticos es una realidad. Ya en 1972 en el informe sobre la educación del futuro, elaborado por una comisión de la UNESCO, presidida por Edgar Faure se decía "a la escuela se le continúa y se le continuará confiando un papel de formación cívica- lo esencial no es saber el lugar que ocupe en la enseñanza este tipo de instrucción, sino a qué fines atiende, ¿favorecer la eclosión de individuos con una manera propio de concebir realmente sus relaciones con el mundo, o condicionar a individuos sometidos a modelos impuestos y fáciles de gobernar?, ¿estimular la formación de espíritus embriagados de libertad y provistos de sentido crítico o sacralizar las jerarquías?"(Aprender a ser. Alianza Editorial/UNESCO, 1972).

¿Qué ocurre, pues, con el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según establece el art. 27.3 de la Constitución Española? ¿Es este derecho antagónico al deber de los poderes públicos de promover la educación de los ciudadanos en los valores comunes, conforme ordena el artículo 27-2 de la Constitución, en el mínimo común ético consagrado por el derecho según el Tribunal Constitucional y que se contienen tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Nuestra Constitución es tan incoherente como para establecer dos artículos contradictorios entre sí? Sería algo absurdo. Ocurre más bien que a nuestro juicio, la Constitución contempla dos planos de la formación en valores, algo que resulta inaceptable para el planteamiento maniqueo, de combate entre las dos ciudades y entre el bien y el mal que sostienen los sectores neoconservadores católicos de España: por un lado, el plano que corresponde a la familia y al respeto y las garantías debidas a su ámbito privado de libertades de conciencia y religión, y por otro, el plano que corresponde a la sociedad, al espacio público y a las instituciones públicas y comunes, en el que concurren individuos y familias que asumen libre y legítimamente creencias religiosas o convicciones morales particulares, que son distintas entre sí y que han de convivir pacíficamente y en tolerancia mutua, sin que traten de imponerse las unas sobre las otras; lo que requiere organizar la convivencia y la propia educación del ciudadano a partir de unos valores éticos y unas reglas básicas comunes.
La familia es una institución básica de la sociedad y no un ente aislado de la misma; es una parte de la sociedad y no debe ser tratada como un satélite anarquizante que desorganiza el orden y la armonía social e institucional necesaria para la convivencia. La familia y el individuo necesitan a la sociedad, a sus instituciones y servicios públicos para garantizar su propia supervivencia. Esa es la verdad, pero desgraciadamente es posible que los partidarios de la doctrina de las dos ciudades sigan, como en épocas remotas, tratando de teorizar la superioridad de la moral de la ciudad celeste como la única moral posible, con exclusión de cualquier otra, sobre la ciudad terrena, y desconociendo que, en definitiva, las sociedades y las familias de las ciudades reales y concreta de nuestros días necesitan perentoriamente que la escuela les proporcione una formación de calidad que, indefectiblemente, debe contener las competencias sociales y ciudadanas propias de una buena educación para la ciudadanía.

*Presidente de la Fundación Educativa y Asistencial Cives y de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

HO Canarias llama a todos los padres a ejercer su derecho a la objeción de conciencia ante la adoctrinante Educación para la Ciudadanía

“No hay que tener miedo: la educación corresponde a los padres. Ante la intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de nuestros hijos, ni un paso atrás”

Tras la polémica inclusión de las asignaturas de “Educación para la Ciudadanía” introducida por el Gobierno Zapatero sin consenso ni diálogo y con un alto contenido ideológico basado en el relativismo, en el ataque a las religiones, en la ideología de género, en la defensa del aborto, y de otras ideas propias de la ideología del señor Zapatero, muchos valientes padres, conscientes de la importancia de la educación en la vida de sus hijos, decidieron no dar un paso atrás y ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

Este movimiento por la libertad y por el derecho, reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales como el de Derechos Humanos, de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, nacía como un nuevo David frente al poderoso Goliat del Estado.

Sin embargo la Historia se ha repetido y parece que David, con el arma de lo justo, puede vencer al poderoso Goliat. Por ello HO Canarias ante las adoctrinantes asignaturas de EpC, invita a todos los padres de nuestras islas a ejercer su derecho y a objetar.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a unos padres objetores frente a la decisión arbitraria del Sr. Chaves, presidente autonómico, de no respetarles en su derecho.

EpC es un peligro para la educación de nuestros hijos, ya que defiende que no existe ninguna verdad, no enseña el orden constitucional sino que trata de formar a nuestros hijos en la peculiar visión de la vida del Sr. Zapatéro, una visión marcada por la ideología de género que sostiene, por ejemplo, la peregrina idea de que no existen hombres ni mujeres sino que está diferenciación es algo simplemente cultural, que ataca a la familia, que ignora el papel de la religión en la vida de las personas, que es beligerante frente a unas posiciones políticas mientras que respalda a otras, etc. Un ejemplo sensible para los canarios es, por ejemplo, un libro de la editorial Akal que trata de que nuestros hijos relacionen la crisis de la agricultura canaria con la adicción a la droga de buena parte de nuestra población, afirmación completamente alejada de la realidad.

No importa el color del Gobierno en las islas para oponerse a la intromisión del Estado en la educación de nuestros hijos. Esta no es una batalla partidista, sino una batalla por la libertad.

Por todo ello reiteramos nuestra recomendación a todos los padres canarios para que estén alerta y objeten frente a esta asignatura completamente innecesaria. José Castro, responsable de HO Educación en España sostiene que “No hay que tener miedo: la educación corresponde a los padres. Ante la intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de nuestros hijos, ni un paso atrás”

Para más información:
www.hazteoir.org
www.profesionalesetica.org donde pueden encontrar varios estudios sobre la asignatura, asesoramiento y documentos para presentar formalmente la objeción.

miércoles, 28 de mayo de 2008

Ciudadanía recibe un total de 114 objeciones en las Islas

Profesionales por la Ética asegura que crece la cifra de familias que se niegan a recibir la nueva asignatura
MARÍA PLASENCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE Según el colectivo Profesionales por la Ética, sólo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han objetado un total de 114 familias a la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, que comenzará a impartirse en el Archipiélago en segundo de la ESO el próximo curso y en sexto de Primaria durante el curso 2009/10, según establece el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
Pese a que aún no se ha recibido constancia de estas objeciones en la Consejería de Educación, fuentes de la asociación Profesionales por la Ética apuntan a que "se podrían presentar en breve" y aluden a un total de 114 sólo en la provincia tinerfeña, 63 en La Palma y 51 en Tenerife. Ante esta situación, el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Guillermo Melián, asegura que "puesto que por el momento no se han presentado, no creemos que tengamos problemas en ese sentido".
Sin embargo, si se sigue en las Islas la misma dinámica que en otras comunidades autónomas en las que ya se ha iniciado la asignatura, podría alcanzar los tribunales de justicia, ante el debate social planteado a nivel nacional acerca no sólo en la obligatoriedad de la nueva materia sino también en el derecho de los padres a objetar, aspecto en el que ni los gobiernos regionales, ni el Estado, ni la propia Justicia se han puesto, de momento, de acuerdo.
Las objeciones de conciencia a la materia, impulsadas en su mayoría por el colectivo Profesionales por la Ética, se amparan en la supuesta inconstitucionalidad del currículum de la asignatura.
La mayor parte de los padres que se niegan a que sus hijos reciban Educación para la Ciudadanía entienden que es una intromisión a su libertad para educar a los menores en sus propias convicciones religiosas y morales, derecho reconocido en la Constitución española.
Puesto que Educación para la Ciudadanía habrá de impartirse obligatoriamente el próximo curso en Canarias tal y como impone la LOE, el Gobierno de Canarias ha dictado la orden correspondiente, estableciendo el currículum de la materia, en el que, según Melián, "se ha respetado el mínimo impuesto por el Ministerio de Educación y se ha completado el horario con contenidos relacionados con la realidad del Archipiélago".
Inmigración, en el currículum canario
Resolución de conflictos, convivencia, democracia o la lucha por la felicidad son algunas de las unidades que componen el currículum de Educación para la Ciudadanía, conceptos con los que los escolares canarios comenzarán a familiarizarse a partir del inicio del próximo curso escolar, cuando la asignatura comience a impartirse en las Islas.
Desde la aprobación de la LOE en el Gobierno hasta estos momentos, mucho se ha escrito y debatido acerca de la asignatura, tanto que sin duda se convertirá en el punto de mira del próximo curso escolar en Canarias. La reacción de alumnos, padres y profesores es, por el momento, un misterio, y la consejera regional de Educación ya se ha pronunciado: "Hay que acometer lo que nos impone el Estado y por ello Educación para la Ciudadanía se impartirá en el curso 2008/09".
Al currículum, establecido por decreto, se ha añadido para Canarias aspectos como la inmigración, la interculturalidad, la relación y comunicación con el exterior o el uso racional de las nuevas tecnologías. Según el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Guillermo Melián, "se han divido en el caso de Primaria en tres bloques temáticos y en Secundaria en cinco.
El mismo decreto establece la autonomía de los centros educativos, lo que afecta también a otro de los aspectos polémicos de Educación para la Ciudadanía: el material escolar y libros de texto que se empleen para impartirla. En ese sentido, la Administración se ha mostrado tajante al asegurar que "son los centros los que decidirán, siempre que se respete el currículo". Aún así, y dada la polémica suscita en la comunidad escolar tras una denuncia del PSC, es previsible que ningún centro incluya un manual editado en el que, al parecer, se dejaba al Archipiélago en algo más que un mal lugar.
Todas estas circunstancias se han ido barajando y analizando desde la aprobación de la Ley, pero hasta hace poco quedaba aún una incógnita en el aire, puesto que ni el Ministerio de Educación (MEC) ni la Consejería de Educación se habían pronunciado oficialmente en cuanto al perfil profesional del docente que ha de impartir la materia. En ese sentido, recientemente el Estado ha establecido que la titulación requerida para los profesores de Ciudadanía será la misma que en la actualidad se exige para los docentes de las áreas de Geografía e Historia o Ciencias Sociales (Filosofía, Sociología, Derecho o Ciencias Políticas, entre otras).

http://www.objetores.org/novedades_detalle.php?id=155

"Defendemos la libertad moral, no la religión católica"

Entrevista a Benigno Blanco Rodríguez, Presidente del Foro español de la familia
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Tal vez no haya convocado manifestaciones multitudinarias como las que hubo con motivo de la aprobación del matrimonio homosexual, pero el Foro Español de la Familia acapara en su seno a la mayor parte de los padres que se oponen a que sus hijos reciban la tan traída y llevada asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Desde este punto de vista, se trata de una potente organización nacional que, además, cuenta con el apoyo explícito de la Iglesia y que busca que esta materia educativa no se aplique, o que se haga pero sólo en aquellos alumnos cuyos padres lo han decidido y no como una imposición. Invitado a Tenerife por la Plataforma Cívica de Familias Cristianas y Hazteoir.org, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, explica por qué la mejor salida para este conflicto es la objeción de conciencia.
-Lo primero que quiero decirles a las familias para que puedan adoptar una decisión en libertad, pero con información real, es que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), tal y como se recoge en la norma jurídica, tiene como finalidad expresa formar la conciencia moral de todos los niños de entre 10 y 18 años, y esto es una auténtica expropiación del derecho constitucional de las familias a ser ellas las que decidan los contenidos morales que quieren para sus hijos.
-Realmente, ¿en dónde radica el problema de EpC?
-Hasta ahora las familias podíamos decidir conforme a nuestras convicciones, pero ahora los gobiernos se arrogan el derecho a entrometerse en este contenido y ser ellos los que lo decidan qué valores morales deben aprender nuestros hijos. Mi propuesta es que las familias se nieguen a que se les prive de este derecho que está por encima de cualquier otra ley, y es que el cariño y la preocupación que tenemos por nuestros hijos hace que queramos educarlos en la moral tradicional para que sean buenas personas y buenos ciudadanos.
-Educar en valores y moralidad es siempre positivo; sin embargo, parece que el problema se centra en los contenidos que contempla la asignatura. ¿Es así?
-Los contenidos son de una fuerte carga ideológica y dicen que la única fuente de criterios morales válida en democracia son las leyes. Es un planteamiento que se mantiene históricamente y que se conoce como positivismo, pero que muchos no compartimos porque no todos los valores que incorporan las normas son morales. Por ejemplo, la defensa al derecho a la vida, en el que el derecho español está poco comprometido y como se plantea es insuficiente desde algunos puntos de vista. En cualquier caso, lo importante no es lo que se dice sobre una cosa concreta en un libro u otro sino la concepción de la moral que inspira la asignatura, y eso tampoco lo compartimos.
-¿Qué se soluciona con la objeción de conciencia?
-Hemos estudiado el ordenamiento jurídico y nos ha parecido que es la forma más apropiada que tienen los padres para defender su libertad frente a esta intromisión del Gobierno. El hecho de que unos niños estén en un asignatura o no es consecuencia de que estamos en un estado pluralista. Igual que hay médicos que practican el aborto y otros que no, o gente que recibe transfusiones de sangre y otros no. En cualquier caso, la solución la deben dar las comunidades autónomas y a nosotros nos vale cualquiera que respete los derechos de los padres a educar a sus hijos.
-¿Conoce el caso concreto de Canarias?
-Si, me han notificado poco más de 200 objeciones de conciencia, pero es un proceso que está comenzando. En otras comunidades el proceso está más avanzado y hay cerca de 30.000 objeciones.
-Desde fuera parece que a EpC sólo se oponen los católicos
-No sólo somos católicos o personas vinculadas a la Iglesia, hay de todo. Nosotros lo que defendemos es la libertad y los padres que me comunican que han decidido objetar no me dicen si son católicos o no, pero lo que sí tengo claro es que con estas medidas defendemos la libertad y no la religión católica, porque lo que buscamos es que cada padre eduque a su hijo según sus convicciones, sea católico, masón, protestante, del Partido Socialista, del Partido Popular o de lo que sea.
-¿Qué tal es su relación con el Gobierno de Zapatero?
-Por desgracia ninguna, porque aunque hemos pedido reiteradamente ser atendidos por el presidente del Gobierno o los ministros de Justicia o Educación, el diálogo no parece que esté entre sus prioridades y jamás nos han atendido. Esperemos que en esta legislatura haya más talante democrático y de deseo de escuchar a la sociedad.

http://www.objetores.org/novedades_detalle.php?id=154

martes, 27 de mayo de 2008

Nace la Plataforma Tenerife Educa en Libertad

La Plataforma Tenerife educa en libertad es una iniciativa de un grupo de representantes de diversas asociaciones de Tenerife. Ayer hemos decidido crear esta plataforma civil, que nace para defender defender la libertad en la educación y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Ya que como expresa el presidente de esta Plataforma, Jorge Melón, “defender la conciencia de nuestros hijos, es una responsabilidad a la que los padres no pueden renunciar”.

Lo grave de esta asignatura es que es obligatoria, evaluable y computable, y que pretende, tal como indica el propio ministerio de educación, “Ayuda a los alumnos a construirse una conciencia moral”, algo que indudablemente no les compete, ya que como dice la Constitución Española, en su artículo 27.3 “Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y el Estado no puede imponer una moral”

Asimismo, la Plataforma ha expresa su deseo de que la consejera de
Educación de Canarias anuncie cuanto antes su apoyo a la libertad de
educación y la consiguiente aceptación y resolución favorable de las objeciones. En nuestra comunidad autónoma empezará a impartirse el próximo curso la asignatura de Educación para la ciudadanía. Por ello creemos que es el momento adecuado para tener claras las cosas y actuar en consecuencia.

En toda España se han presentado cerca de 32.000 objeciones, y Canarias representa el 0,74 de toda España, Tenerife representa el 43% de toda Canarias,

Nuestra plataforma va a iniciar una campaña de información. Asimismo, ofrecemos apoyo y asesoramiento jurídico gratuito, respaldados por Profesionales por la Ética, a todos aquellos padres que opten por ejercitar su derecho a la objeción de conciencia.

Para mas información dirigirse a:

http://objetores.org/
http://www.profesionalesetica.com/
http://www.hazteoir.org/
http://www.hazteoir.org/canarias/
http://tenerifeeducaenlibertad.blogspot.com/
o al e-mail: tenerifeeducaenlibertad@gmail.com

jueves, 8 de mayo de 2008

Encuentro de Objetores

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miércoles, 7 de mayo de 2008

EpC NO

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