La plataforma canaria contraria a Educación para la Ciudadanía está dispuesta a llegar a los tribunales

La aplicación de la nueva materia empieza este curso en segundo y cuarto de ESO. Los padres opuestos a la asignatura exigen a la Consejería una alternativa.
DELIA JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los representantes de los distintos colectivos que en Canarias se oponen a la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que este año comenzará a aplicarse por primera vez en los cursos de segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mantienen que plantearán las objeciones de los padres canarios ante los tribunales si la Consejería de Educación no aplica una alternativa.
Educación para la Ciudadanía fue introducida en el sistema educativo español de manera obligatoria por la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada durante la primera legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Precisamente, este curso expiraba el plazo concedido por el Ministerio de Educación a las distintas comunidades autónomas para que comenzaran a aplicar en las aulas la nueva asignatura, que ha generado un intenso debate en la sociedad española.
La polémica surge ante la convicción de ciertos sectores de que la materia incluida en Educación para la Ciudadanía, que será una asignatura evaluable, goza de "una manipulación política que pretende ir educando la conciencia de los jóvenes a imagen y semejanza de los gobiernos de turno, y eso es lo que no pueden permitir los padres", apunta Jorge Melón, el fundador de la plataforma Tenerife Educa en Libertad.
Por su parte, Antonio Saavedra, representante de la mencionada plataforma en Gran Canaria, advierte a los padres sobre la importancia de que expresen mediante escrito presentado ante la Consejería de Educación su objeción de conciencia a la asignatura.
Para Saavedra esta nueva materia "no respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos y con ella el Gobierno pretende construir sectariamente la conciencia moral de los alumnos. Están expulsando a los padres de la educación y eso es algo que no debemos tolerar". Además insiste en que la manera en que pretende aplicarse Educación para la Ciudadanía contraviene los mandatos constitucionales, refiriéndose concretamente a la violación del artículo 27.3 de la Constitución Española.
En todo el territorio nacional se han presentado ya más de 41.000 objeciones, de las que 116 (a fecha de agosto) son de padres canarios. En el ranking por comunidades la nuestra se sitúa en el penúltimo lugar, le sigue Baleares. En este sentido, Saavedra anima a las familias a mostrar formalmente su oposición, aunque aún no tengan hijos en edad escolar, "porque ésta es la única vía de frenar la aplicación de esta asignatura. Lo mismo ocurrió con los movimientos contrarios al cumplimiento obligatorio del servicio militar, donde se contó en diez años con 70.000 objeciones que, finalmente, dieron su fruto".
CONFESIÓN. Los promotores de la plataforma contraria a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía en el programa curricular de las escuelas aclaran que se trata de un movimiento no partidista y no confesional, en un intento por corregir a aquellos que pretenden ligar las objeciones a un pensamiento conservador o religioso.
"Los padres que están objetando y que manifiestan su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias la Consejería de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas", añade Jorge Melón, quien además piensa que la escasa repercusión de las objeciones en la enseñanza confesional responde al hecho de que "los colegios concertados, en su mayoría religiosos, se han plegado al dinero del concierto y creen que ellos están a salvo porque pueden aplicar su ideario".
Saavedra coincide en "la existencia de una cierta pasividad por parte de los centros confesionales. Ellos creen que tendrán cierta libertad en la aplicación de esta asignatura, pero yo estoy seguro de que Educación pondrá en marcha a los equipos inspectores para asegurar que la ley se cumple igual en todas partes".

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