'Tenerife Educa en Libertad' acusa al gobierno autonómico de vulnerar los derechos fundamentales de los padres, tras el anuncio de la Consejería de Educación de que no reconocerá la objeción.
REDACCIÓN HO.- Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas del área de conocimiento denominada genéricamente Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato, todas ellas ya implantadas en el sistema educativo de las Islas; el curso próximo se les añadirá Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 5.º de Primaria).
La Consejería de Educación canaria niega que los padres tengan ningún derecho a objetar a esas materias y alega "que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare", denuncia Victoria Elena Colmeiro, portavoz de la plataforma 'Tenerife Educa en Libertad'.
Para esta asociación, la postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental. "En primer lugar", asegura Victoria Elena, "el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental".
Colmeiro añade que "resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar este derecho, que existen sentencias contradictorias y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo".
Ha destacado así mismo que "llama la atención la ligereza con que el gobierno canario menciona una supuesta (y fantasmagórica) resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante el que aún no se ha sustanciado ningún procedimiento sobre la objeción de conciencia. Eso da una idea del nulo rigor con que nuestro gobierno autonómico aborda esta cuestión".
Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que varios Tribunales Superiores de Justicia han dictado hasta ahora 39 sentencias y más de 60 autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de EpC.
"Estas materias", asegura Colmeiro, "tienen como objetivo, según los reales decretos que desarrollan sus contenidos, profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introducen en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres".
Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles para reclamar el reconocimiento del legítimo ejercicio de ese derecho.
La portavoz de 'Tenerife Educa en Libertad' llama finalmente la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. "Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores", señala. "Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP o sus socios) se muestran muy beligerantes con los objetores, hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos", ha destacado.
La Consejería de Educación asegura que la objeción de conciencia a EpC no tiene respaldo normativo
Por medio de una nota de prensa hecha pública ayer, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia que denegará a los padres objetores el reconocimiento de su derecho a plantear objeción de conciencia para que sus hijos no cursen las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Así mismo, afirma que no es viable sustituir estas asignaturas por ninguna actividad sustitutoria para los alumnos cuyos padres han tramitado sus declaraciones de objeción, que -según reconoce la Administración ecucativa de las Islas- son 189.
Para la Consejería, la objeción de conciencia a EpC "no tiene respaldo normativo, no siendo viable realizar alguna actividad sustitutoria de las asignaturas englobadas bajo esa denominación" y anuncia que en estos términos está contestando a las familias que han tramitado sus declaraciones.
La Consejería indica a los padres que, "en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial del derecho pretendido", no podrán ejercer esa acción para evitar que sus hijos recibanlas enseñanzas de ese grupo de asignaturas.
Para el Gobierno de Canarias, "no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares" y resalta que "existe una divergencia de criterio de las sentencias de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas Comunidades Autónomas (TSJ de Cataluña, TSJ del País Vasco, TSJ de Asturias, TSJ de Valencia, TSJ de Andalucía, TSJ de Cantabria y el TSJ de la Rioja)".
REDACCIÓN HO.- Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas del área de conocimiento denominada genéricamente Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato, todas ellas ya implantadas en el sistema educativo de las Islas; el curso próximo se les añadirá Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 5.º de Primaria).
La Consejería de Educación canaria niega que los padres tengan ningún derecho a objetar a esas materias y alega "que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare", denuncia Victoria Elena Colmeiro, portavoz de la plataforma 'Tenerife Educa en Libertad'.
Para esta asociación, la postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental. "En primer lugar", asegura Victoria Elena, "el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental".
Colmeiro añade que "resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar este derecho, que existen sentencias contradictorias y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo".
Ha destacado así mismo que "llama la atención la ligereza con que el gobierno canario menciona una supuesta (y fantasmagórica) resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante el que aún no se ha sustanciado ningún procedimiento sobre la objeción de conciencia. Eso da una idea del nulo rigor con que nuestro gobierno autonómico aborda esta cuestión".
Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que varios Tribunales Superiores de Justicia han dictado hasta ahora 39 sentencias y más de 60 autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de EpC.
"Estas materias", asegura Colmeiro, "tienen como objetivo, según los reales decretos que desarrollan sus contenidos, profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introducen en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres".
Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles para reclamar el reconocimiento del legítimo ejercicio de ese derecho.
La portavoz de 'Tenerife Educa en Libertad' llama finalmente la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. "Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores", señala. "Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP o sus socios) se muestran muy beligerantes con los objetores, hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos", ha destacado.
La Consejería de Educación asegura que la objeción de conciencia a EpC no tiene respaldo normativo
Por medio de una nota de prensa hecha pública ayer, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia que denegará a los padres objetores el reconocimiento de su derecho a plantear objeción de conciencia para que sus hijos no cursen las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Así mismo, afirma que no es viable sustituir estas asignaturas por ninguna actividad sustitutoria para los alumnos cuyos padres han tramitado sus declaraciones de objeción, que -según reconoce la Administración ecucativa de las Islas- son 189.
Para la Consejería, la objeción de conciencia a EpC "no tiene respaldo normativo, no siendo viable realizar alguna actividad sustitutoria de las asignaturas englobadas bajo esa denominación" y anuncia que en estos términos está contestando a las familias que han tramitado sus declaraciones.
La Consejería indica a los padres que, "en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial del derecho pretendido", no podrán ejercer esa acción para evitar que sus hijos recibanlas enseñanzas de ese grupo de asignaturas.
Para el Gobierno de Canarias, "no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares" y resalta que "existe una divergencia de criterio de las sentencias de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas Comunidades Autónomas (TSJ de Cataluña, TSJ del País Vasco, TSJ de Asturias, TSJ de Valencia, TSJ de Andalucía, TSJ de Cantabria y el TSJ de la Rioja)".
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