jueves, 10 de junio de 2010

Ya estamos en fabebook



Esta plataforma que está en proceso de reorganización ha creado un grupo en Facebook que ponemos a su servicio.

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martes, 8 de junio de 2010

Ciudadanía acoge a los más pequeños


Unos 18.000 alumnos de 10 y 11 años cursarán la materia en las Islas

Saray Encinoso. Santa Cruz de Tenerife [ 27-08-2009 ] Diario de Avisos


Cuando apareció, nadie podía imaginar que se convertiría en un arma arrojadiza capaz de polarizar, aún más, este país.Sin embargo,Educación para la Ciudadanía logró politizar la enseñanza hasta extremos impensables. Obispos, padres y partidos políticos se atrincheraron en sus posturas: muchos estaban convencidos de que en las aulas se escondía un adoctrinamiento propio de antaño y otros se consideraban redentores sociales.


Los tribunales tuvieron que hacer su papel y la asignatura empezó a impartirse. La normalidad, en cambio, no se instauró así. Este curso, los alumnos de Primaria cursarán la asignatura por primera vez. Pequeñas personas de 10 y 11 años recibirán lecciones sobre derechos humanos, diversidad, pluralidad, religión y ética. En Canarias, esto afectará a cerca de 18.000 niños, que aprenderán los valores que promulga la asignatura. Todo ello mientras la sociedad que en su día se pronunció contraria al aterrizaje de esta materia en los currículos ha vuelto a manifestar su malestar. ¿Los niños de 10 años tienen la madurez suficiente para entender lo que esconden las páginas de los manuales? Los promotores de estos contenidos, sin embargo, lo que se preguntan es si en este curso lectivo también intoxicarán la actualidad las denuncias y el absentismo escolar derivado de esta oposición.


Esta asignatura lleva años estancada en los currículos de muchos países europeos. En España, las horas que se dediquen a estos aprendizajes pretenden suplir las carencias de cultura democrática que corroen a muchas generaciones. Al mismo tiempo, la paz, la solidaridad, la sexualidad se adentrarán en las aulas. Los objetores de conciencia, no obstante, no piensan lo mismo y, en más de una ocasión, han instado a la Inspección Educativa de cada comunidad autónoma a actuar en consecuencia.


El problema de todo ello es que muchas comunidades autónomas han actuado según las directrices de la administración de turno. En el Archipiélago, donde el PP y CC comparten la gestión, Educación para la Ciudadanía engendró poco más de 100 reclamaciones. Pero más allá de estas disconformidades, la Consejería de Educación acató las directrices estatales porque, como dijo una vez su titular, Milagros Luis Brito, "se trata de una ley" y, por ende, afecta a todo el territorio español. Su cumplimiento, en cambio, no evita que germinen pensamientos unilaterales y que la educación siga siendo víctima de la política.


"Hay que darla con precaución pero el sol no se tapa con un dedo"

Educación para la Ciudadanía llega a las clases de Primaria con la promesa de suscitar más controversias. Sin embargo, en Canarias no parece que vaya a causar más revuelo que cuando la materia se instauró en Secundaria el año pasado. En opinión de Pura Toste, presidenta de la Federación Insular de Tenerife de las Asociaciones de Padres y Alumnos (Fitapa), no se esperan complicaciones. "No hay manifestaciones en contra" de la materia. "A finales de junio nos reunimos con los padres para hablar del asunto y, en general, todo el mundo se mostró de acuerdo". No obstante, Toste sí precisó que "hay que impartirla con precaución", pero siempre sabiendo que "el sol no se puede tapar con un dedo". La realidad se puede observar cada día "en medios de comunicación como la televisión" y "es mejor que los niños conozcan lo que sucede a su alrededor por los profesores o los padres y no por ahí", resumió la presidenta de Fitapa.

viernes, 24 de octubre de 2008

HO denuncia en un ranking el obstruccionismo a la objeción a EpC en los colegios


El Ranking muestra en rojo los que hostigan a los objetores y, en verde, los que les facilitan la objeción. Los obstáculos más frecuentes son amenazas de repetir curso, negativa a tramitar la objeción y comentarios despectivos contra los niños de familias objetoras.
MADRID, 23 DE OCTUBRE DE 2008.- Amenaza de repetir curso, coacciones, comentarios despectivos o negativa a tramitar declaraciones de objeción de conciencia. Éstas y otras actitudes se dan actualmente en algunos colegios contra las familias objetoras a Educación para la Ciudadanía.
Para que se conozca cada caso, HazteOir.org relanza su Ranking de colegios ante EpC, según ha anunciado este jueves José Carlos Muñoz, portavoz de HO para la agenda educativa.
HazteOir.org ha habilitado una dirección de email, jocarmube@hotmail.com, para recibir las denuncias de casos de vulneración del derecho a la objeción en el día a día de los colegios.
Los episodios, debidamente contrastados, se ordenan en un ranking que clasifica a los colegios españoles según su actitud frente a la objeción.
En rojo, se indicarán los centros con una acreditada actitud obstruccionista o directamente coactiva con las familias objetoras.
En amarillo, figuran los colegios que no ponen trabas a la objeción y atienden adecuadamente a los niños en las horas lectivas de EpC en que quedan exentos de asistir a las clases de adoctrinamiento.
En verde, se inscriben los colegios que facilitan o promueven la objeción a EpC y proporcionan a los alumnos una adecuada atención educativa durante las horas que dura el adoctrinamiento moral previsto por el Gobierno.
Aumenta el número de denuncias
Las denuncias de obstruccionismo y coacciones llegadas a HazteOir.org han aumentado con ocasión del despliegue de EpC en todas las Comunidades Autónomas.
El profesor y portavoz HO en esta materia, José Carlos Muñoz, explica que “las estratagemas obstruccionistas más frecuentes” son las de directores y jefes de estudios que dejan en el cajón las declaraciones de objeción de los padres y no les dan curso ante la Administración educativa, regional o ministerial, como es su obligación.
“También hemos sabido por los objetores -añade el portavoz HO- que algunos centros niegan toda posibilidad de informar a los padres de sus alumnos sobre el contenido de los currículos de EpC e invitan a quienes objeten a llevarse a sus hijos del colegio“.
“Otros miembros del movimiento objetor -continúa José Carlos Muñoz, también miembro del equipo de asesoramiento a los padres objetores creado por Profesionales por la Ética- nos informan de que ciertos directores y profesores han pretendido obligar a hijos de objetores a entrar en las clases de EpC (y a algunos han logrado imponérselo), les han hecho comentarios despectivos sobre la decisión adoptada por sus familias o incluso los han ridiculizado ante otros estudiantes”.
Otros métodos de hostigamiento a las familias objetoras consisten en hacerles llegar amenazas de falsas repercusiones académicas por su decisión: “En algunos centros han asegurado a los objetores que sus hijos no podrán promocionar por no haber cursado EpC, afirmación de cuya falsedad dan muestra irrefutable los numerosísimos hijos de objetores que, no habiendo asistido a las clases de la materia que en algunas Comunidades se impartió el pasado año en 3.º de la ESO, se encuentran actualmente en 4.º curso”. ”También se dan casos de amenazas con que no podrán obtener ningún título, pese a que es de dominio público que la LOE establece que se puede obtener el Graduado en la ESO con dos materias suspendidas y hasta con tres”, concluye el portavoz HO en materia de Educación.

jueves, 9 de octubre de 2008

Presentación de la iniciativa y el manifiesto Derecho a Vivir (DAV) 





El Comité independiente de Expertos será “la referencia de un debate riguroso” sobre el aborto.


La doctora Gádor Joya, portavoz de DAV, destaca que la sociedad cuenta, desde hoy, con una fuente de información fiable y alternativa al un Comité gubernamental “manifiestamente sesgado”


CANARIAS, 9 DE OCTUBRE DE 2008.- Un comité independiente formado por dieciséis científicos, juristas, médicos y mujeres víctimas del aborto producirá información cualificada en los próximos diez meses sobre la realidad del aborto y sobre el plan de una nueva ley abortista emprendido por el Gobierno en contra de su promesa electoral de limitarse a "una reflexión".El grupo de trabajo forma parte de la iniciativa Derecho a Vivir (DAV), presentada el pasado 23 de septiembre en Madrid por medio de un breve manifiesto en el que se pide protección legal para "el derecho a vivir y a ser madre".La iniciativa Dereho a Vivir (DAV) ha recogido más de 50.000 adhesiones individuales. Ya son más de 50 las entidades adheridas a la campaña y casi 200 blogs con el distintivo DAV desde el pasado 23 de septiembre, mientras que el número de miembros de apoyo en Facebook se acerca a los 3.000. El sitio web http://www.derechoavivir.org/ es el punto de recogida de adhesiones y donativos.DAV nace para promover el conocimiento objetivo sobre el aborto y defender tanto el derecho a la vida como la información y el apoyo a las mujeres embarazadas.El primer Comité independiente de Expertos difundirá en los próximos meses varios dictámenes sobre el aborto, desde enfoques jurídico, biomédico psicológico y social. Los informes servirán de "referencia para un debate riguroso sobre el aborto que el Gobierno ha querido hurtar a la sociedad con un Comité gubernamental manifiestamente sesgado", ha comentado la doctora Gádor Joya Verde, portavoz de DAV.Gádor Joya ha recordado que las entidades de la sociedad civil con una trayectoria contrastada de defensa de la mujer y de la vida pidieron públicamente a la ministra de Igualdad "un debate plural y riguroso, pero el Gobierno se ha negado a escuchar todo aquello que no respalde lo que ya tiene decidido de antemano, que es introducir el aborto libre mediante la conocida como ley de plazos".Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, organización pro-derechos civiles impulsora de DAV, ha pedido a la Oposición parlamentaria "claridad" al fijar su posición en este debate, "que es mucho más trascendente que una simple cortina de humo contra la crisis económica; es parte de un proyecto declarado para cambiar la sociedad, y la respuesta a esa iniciativa contra el derecho a la vida y contra la mujer tiene que pasar por una posición de principios clara y firme".

viernes, 3 de octubre de 2008

Los padres objetores recurren la imposición de Educación para la Ciudadanía en las Islas

Viernes, 03-10-08
BERNARDO SAGASTUME
LAS PALMAS. Los padres objetores piensan seguir la batalla. Ante la comunicación, ayer, de la Consejería de Educación de que la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía «no tiene respaldo normativo, no siendo viable realizar alguna actividad sustitutoria de las asignaturas englobadas bajo esa denominación», estudian nuevas acciones y recurrirán ante los juzgados.
«Lo que haremos será recurrirlo. Ya en varias decenas de sentencias judiciales -las últimas, en Castilla-La Mancha-se ha eximido de la obligación de cursar esa asignatura», anunció ayer Samuel del Pozo, uno de los primeros padres objetores del Archipiélago, quien calificó de «lo esperable» la conducta de la Consejería que dirige Milagros Luis Brito.
Los padres que han hecho objeción de conciencia lamentan que en las distintas Comunidades Autónomas no exista un criterio único a la hora de encarar la polémica nueva asignatura. Ni siquiera en comunidades donde gobierna el Partido Popular (PP), principal opositor a la materia, hay unidad de acción. Por otra parte, en comunidades como Andalucía se han denunciado acosos a los alumnos de padres objetores.
El comunicado de ayer de la Consejería de Educación recordaba que los padres, como representantes legales del alumno, «están sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente, para los matriculados en los centros educativos no universitarios de Canarias en el presente curso escolar 2008/2009, en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial del derecho pretendido».
Según la Consejería, se está dando esta respuesta negativa a los padres objetores del Archipiélago. Sin embargo, algunos padres consultados afirmaban a este periódico que no habían recibido todavía ninguna comunicación.
Bazán coincidía en esto último. «Es la primera noticia que tengo», dijo ante la llamada de ABC, sin sorprenderse por el resultado. «No parecía que la Consejería estuviera dispuesta a facilitar el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia. Quizá si estuviera en manos del PP, habría más apoyo, pero como la tiene Coalición Canaria...».
La imposición le recuerda «más a un Estado totalitario» que a uno «democrático como el español». Por eso, en su caso particular, ha aconsejado a su hija, de 15 años, que no asista a clase cuando se imparta la nueva asignatura. El resultado previsiblemente negativo que pudiera tener en su rendimiento académico no le inquieta. «Es una chica de sobresalientes. Como se ha relajado tanto lo de pasar de curso... aunque suspenda Educación para la Ciudadanía podrá seguir su carrera». Bazán está convencido de que se quiere «formar la conciencia moral» de sus hijos, un derecho que le pertenece y que no quiere ceder al Estado. «Además, muchos de los principios que aparecen en la asignatura no los comparto», afirma.

http://www.abc.es/20081003/canarias-canarias/padres-objetores-recurren-imposicion-20081003.html

Los objetores a EpC de Canarias iniciarán acciones judiciales




'Tenerife Educa en Libertad' acusa al gobierno autonómico de vulnerar los derechos fundamentales de los padres, tras el anuncio de la Consejería de Educación de que no reconocerá la objeción.
REDACCIÓN HO.- Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas del área de conocimiento denominada genéricamente Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4.º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato, todas ellas ya implantadas en el sistema educativo de las Islas; el curso próximo se les añadirá Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 5.º de Primaria).
La Consejería de Educación canaria niega que los padres tengan ningún derecho a objetar a esas materias y alega "que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare", denuncia Victoria Elena Colmeiro, portavoz de la plataforma 'Tenerife Educa en Libertad'.
Para esta asociación, la postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental. "En primer lugar", asegura Victoria Elena, "el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental".
Colmeiro añade que "resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar este derecho, que existen sentencias contradictorias y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo".
Ha destacado así mismo que "llama la atención la ligereza con que el gobierno canario menciona una supuesta (y fantasmagórica) resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante el que aún no se ha sustanciado ningún procedimiento sobre la objeción de conciencia. Eso da una idea del nulo rigor con que nuestro gobierno autonómico aborda esta cuestión".
Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que varios Tribunales Superiores de Justicia han dictado hasta ahora 39 sentencias y más de 60 autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de EpC.
"Estas materias", asegura Colmeiro, "tienen como objetivo, según los reales decretos que desarrollan sus contenidos, profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introducen en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres".
Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles para reclamar el reconocimiento del legítimo ejercicio de ese derecho.
La portavoz de 'Tenerife Educa en Libertad' llama finalmente la atención sobre el hecho de que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. "Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores", señala. "Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP o sus socios) se muestran muy beligerantes con los objetores, hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos", ha destacado.
La Consejería de Educación asegura que la objeción de conciencia a EpC no tiene respaldo normativo
Por medio de una nota de prensa hecha pública ayer, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia que denegará a los padres objetores el reconocimiento de su derecho a plantear objeción de conciencia para que sus hijos no cursen las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Así mismo, afirma que no es viable sustituir estas asignaturas por ninguna actividad sustitutoria para los alumnos cuyos padres han tramitado sus declaraciones de objeción, que -según reconoce la Administración ecucativa de las Islas- son 189.
Para la Consejería, la objeción de conciencia a EpC "no tiene respaldo normativo, no siendo viable realizar alguna actividad sustitutoria de las asignaturas englobadas bajo esa denominación" y anuncia que en estos términos está contestando a las familias que han tramitado sus declaraciones.
La Consejería indica a los padres que, "en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial del derecho pretendido", no podrán ejercer esa acción para evitar que sus hijos recibanlas enseñanzas de ese grupo de asignaturas.
Para el Gobierno de Canarias, "no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo, ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares" y resalta que "existe una divergencia de criterio de las sentencias de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas Comunidades Autónomas (TSJ de Cataluña, TSJ del País Vasco, TSJ de Asturias, TSJ de Valencia, TSJ de Andalucía, TSJ de Cantabria y el TSJ de la Rioja)".


El Gobierno rechaza la objeción a Ciudadanía y no ofrecerá alternativas

La Consejería de Educación responde a los padres que han presentado alegaciones que la objeción "no tiene respaldo normativo" y que "no es viable" ofertar actividades sustitutorias. Las familias recurrentes anuncian que acudirán a los tribunales. "Si es necesario llegaremos hasta el Tribunal Constitucional", advierten.

M.G./EL DÍA, S/C de Tenerife
La oposición de un colectivo de padres canarios a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) va camino de terminar en los tribunales, al igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Las objeciones de conciencia planteadas por estas familias no serán atendidas por la Consejería de Educación, que ayer determinó que la objeción "no tiene respaldo normativo" y que no es viable ofrecer "alguna actividad sustitutoria".
De esta manera, la Administración contesta a las 189 solicitudes planteadas por padres que se oponen a la materia por considerarla un intento de "adoctrinamiento" por parte del Estado y que esperaban desde comienzos de curso para conocer el pronunciamiento de los servicios jurídicos de la Consejería.
La polémica llegará a los tribunales de las Islas en cuanto la plataforma que agrupa a los padres -Tenerife Educa en Libertad- "esté constituida con base jurídica". Así lo aseguró ayer Elena Colmeiro, portavoz de esta asociación, quien insistió en que la Constitución ampara su derecho.
La Consejería ha recordado a los objetores que la Ley Orgánica de Educación (LOE) cataloga la asignatura como "materia de obligado cumplimiento". Asimismo, explica a los padres que, como representantes legales del alumno, "están sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente para los matriculados en los centros educativos no universitarios de Canarias en tanto no exista un reconocimiento legal o judicial" del derecho que reclaman.
Según la Administración, la actual normativa "no regula ni establece la opción del derecho a la objeción de conciencia en relación con esta materia", pues la Constitución Española "únicamente alude a un supuesto específico, que es el del deber de prestar el servicio militar obligatorio".
También alega el Ejecutivo autónomo que no existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares y que, además, se ha producido una "divergencia de criterio" entre las sentencias emitidas por los tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas, como Cataluña, País Vasco, Asturias, Valencia, Andalucía, Cantabria y La Rioja.
Una vez conocida la respuesta de la Consejería, las familias -que ya habían expresado su escepticismo respecto a la posibilidad de que la Administración atendiera sus reivindicaciones- tienen claro qué pasos deben dar a partir de ahora. "Si es necesario, llegaremos hasta el Tribunal Constitucional", advirtió ayer Elena Colmeiro. La representante de Tenerife Educa en Libertad recordó que "hasta ahora, los tribunales han dado la razón a los padres o han eximido cautelarmente a los alumnos de la obligación de ir a clase".
"No tenemos miedo porque estamos en nuestro derecho", señaló Colmeiro, para quien "no se puede obligar a los niños a permanecer en clase. La Administración iría contra sus derechos". La oposición de estas familias a EpC les está haciendo objeto, según esta madre, de "acoso", una situación que, lamentó, también sufren sus hijos al "no ser atendidos" y ser "señalados abiertamente por otros compañeros".

http://www.eldia.es/2008-10-03/canarias/canarias1.htm