viernes, 3 de octubre de 2008

EL GOBIERNO DE CANARIAS, CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES


Los padres objetores iniciarán acciones judiciales

S/C Tenerife, 3 de octubre de 2008. Los padres de 189 alumnos canarios se han llevado estos días una desagradable sorpresa: la Consejería de Educación ha considerado que no tienen derecho a objetar al conjunto de asignaturas (Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato) del Área de Educación para la Ciudadanía.
La Consejería de Educación canaria niega que el derecho a objetar sea fundamental y alega, además, que “no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional que lo ampare”. Para V. E. Colmeiro, portavoz de la Plataforma Tenerife Educa en Libertad.
La postura del Gobierno canario obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental. “En primer lugar”, asegura, “el funcionario, que conculque derechos constitucionales está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común. Además, el artículo 16 de la Constitución y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional reconocen este derecho como fundamental”. Colmeiro añade que “resulta curioso que la Consejería de Educación de Canarias argumente, para denegar, este derecho, que existen sentencias contradictorias. Y que, ante esa disparidad de resoluciones judiciales opte por la negación del derecho en lugar de respetarlo”.

Los padres objetores a las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía recuerdan, además, que en la actualidad existen 39 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y más de 60 Autos de medidas cautelares que reconocen el derecho de los padres a objetar y declaran a los alumnos exentos de esta asignatura. “Estas materias”, asegura Colmeiro. ”tienen como objetivo, según el Real Decreto que desarrolla sus contenidos, “profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Es decir, se introduce en el ámbito personal y en un terreno que corresponde a los padres”.

Tras la denegación de la objeción de conciencia por parte del Gobierno de Canarias, los padres se disponen a iniciar acciones judiciales. De esta manera, sumarán sus recursos a los 600 que se acumulan en los juzgados españoles, todos ellos relacionados con la objeción a Ciudadanía.

Hay que señalar, finalmente, que el Gobierno de Canarias está en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular. Los dirigentes de este último partido han proclamado en numerosas ocasiones su respaldo a los objetores. Sin embargo, comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León (gobernadas por el PP) o sus socios se muestran muy beligerantes con los objetores hasta el punto de obligar a los padres a recurrir a los juzgados en defensa de sus derechos.