La aplicación de la nueva materia empieza este curso en segundo y cuarto de ESO. Los padres opuestos a la asignatura exigen a la Consejería una alternativa.
DELIA JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los representantes de los distintos colectivos que en Canarias se oponen a la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que este año comenzará a aplicarse por primera vez en los cursos de segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mantienen que plantearán las objeciones de los padres canarios ante los tribunales si la Consejería de Educación no aplica una alternativa.
Educación para la Ciudadanía fue introducida en el sistema educativo español de manera obligatoria por la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada durante la primera legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Precisamente, este curso expiraba el plazo concedido por el Ministerio de Educación a las distintas comunidades autónomas para que comenzaran a aplicar en las aulas la nueva asignatura, que ha generado un intenso debate en la sociedad española.
La polémica surge ante la convicción de ciertos sectores de que la materia incluida en Educación para la Ciudadanía, que será una asignatura evaluable, goza de "una manipulación política que pretende ir educando la conciencia de los jóvenes a imagen y semejanza de los gobiernos de turno, y eso es lo que no pueden permitir los padres", apunta Jorge Melón, el fundador de la plataforma Tenerife Educa en Libertad.
Por su parte, Antonio Saavedra, representante de la mencionada plataforma en Gran Canaria, advierte a los padres sobre la importancia de que expresen mediante escrito presentado ante la Consejería de Educación su objeción de conciencia a la asignatura.
Para Saavedra esta nueva materia "no respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos y con ella el Gobierno pretende construir sectariamente la conciencia moral de los alumnos. Están expulsando a los padres de la educación y eso es algo que no debemos tolerar". Además insiste en que la manera en que pretende aplicarse Educación para la Ciudadanía contraviene los mandatos constitucionales, refiriéndose concretamente a la violación del artículo 27.3 de la Constitución Española.
En todo el territorio nacional se han presentado ya más de 41.000 objeciones, de las que 116 (a fecha de agosto) son de padres canarios. En el ranking por comunidades la nuestra se sitúa en el penúltimo lugar, le sigue Baleares. En este sentido, Saavedra anima a las familias a mostrar formalmente su oposición, aunque aún no tengan hijos en edad escolar, "porque ésta es la única vía de frenar la aplicación de esta asignatura. Lo mismo ocurrió con los movimientos contrarios al cumplimiento obligatorio del servicio militar, donde se contó en diez años con 70.000 objeciones que, finalmente, dieron su fruto".
CONFESIÓN. Los promotores de la plataforma contraria a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía en el programa curricular de las escuelas aclaran que se trata de un movimiento no partidista y no confesional, en un intento por corregir a aquellos que pretenden ligar las objeciones a un pensamiento conservador o religioso.
"Los padres que están objetando y que manifiestan su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias la Consejería de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas", añade Jorge Melón, quien además piensa que la escasa repercusión de las objeciones en la enseñanza confesional responde al hecho de que "los colegios concertados, en su mayoría religiosos, se han plegado al dinero del concierto y creen que ellos están a salvo porque pueden aplicar su ideario".
Saavedra coincide en "la existencia de una cierta pasividad por parte de los centros confesionales. Ellos creen que tendrán cierta libertad en la aplicación de esta asignatura, pero yo estoy seguro de que Educación pondrá en marcha a los equipos inspectores para asegurar que la ley se cumple igual en todas partes".
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091400_5_176231__SOCIEDAD-Y-FUTURO-plataforma-canaria-contraria-Educacion-para-Ciudadania-esta-dispuesta-llegar-tribunales
miércoles, 17 de septiembre de 2008
EpC entra de puntillas en Canarias
Educación para la Ciudadanía (EpC) llega mañana a las Islas sin la polémica que en otras regiones y mientras la Consejería estudia las alegaciones presentadas por 116 padres que temen que la Administración sólo intente "ganar tiempo".
MIGUEL GÓMEZ, Tenerife
Pese a la activa oposición de un grupo de padres, no parece que el "aterrizaje" en Canarias de Educación para la Ciudadanía (EpC) -que este curso se impartirá en segundo de la ESO- vaya a despertar la misma controversia que en otras comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), algunas de las cuales han declarado la guerra a la asignatura. Su llegada a las Islas no ha sido precedida de un debate social y político comparable al que se ha producido en esas regiones. Más bien ha generado un cierto consenso entre la comunidad educativa -asociaciones de padres y de alumnos la acogen con satisfacción-, y sólo las cerca de 120 alegaciones presentadas ante la Consejería de Educación -que, en caso de ser desestimadas, acabarían en los tribunales- amenazan con avivar la polémica.
La cifra de objeciones planteadas en Canarias es de las más bajas del país -sólo en Baleares se han registrado menos-, un dato que los promotores de la oposición a la asignatura atribuyen al "miedo" de los padres y a las reticencias que han encontrado en algunos centros de enseñanza. Esta última circunstancia lleva a Jorge Melón, portavoz de la asociación Tenerife Educa en Libertad, a recomendar a las familias que no desean que sus hijos cursen EpC que entreguen los escritos de objeción ante la consejería, no sólo en los institutos. Además, Melón se muestra convencido de que el número de alegaciones se incrementará.
Aunque admite que la disposición del Gobierno a analizar sus motivos deja "un resquicio" a la esperanza, Jorge Melón no está muy convencido de que la Administración termine aceptando los argumentos de los objetores. "Intentan ganar tiempo y nada más". De confirmarse esta previsión, las familias irán a los tribunales, como ha ocurrido en otras comunidades, en algunas de las cuales se han dictado fallos favorables a sus posiciones, caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
"Los padres tenemos la potestad de educar moralmente a nuestros hijos y el Estado no se la puede apropiar para formarlos según sus criterios y valores, que además son cambiantes. Ahora gobierna la izquierda, pero cuando lo haga la derecha, ¿educará a los niños en sus propios valores", reflexiona.
En el caso de Canarias, el propio proceso que se sigue para dar salida a las objeciones suscita dudas. Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que "no es el procedimiento habitual", pues "en otras comunidades las alegaciones no se remiten directamente a la Administración, sino que son examinadas por los tribunales".
Por lo que se refiere al futuro que puedan tener estos recursos, en el seno del mismo Gobierno regional se reconoce que la objeción de conciencia "no está reglada" en casos como éste. Sin embargo, el Ejecutivo sí cree conveniente que los ciudadanos "tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión a la Administración antes de acudir a la Justicia". Respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda articular una alternativa a la asignatura en caso de que se aceptaran las alegaciones, esta fuente recuerda que otras regiones, como Madrid, así lo han hecho. "Mecanismos puede haberlos, otra cosa es que aquí se decida ofertarlos", advierte.
Lo que sí ha dejado claro la Consejería es que la implantación de la asignatura se hará conforme a la ley. Ante la pregunta de si el Gobierno ha previsto qué actuaciones poner en marcha en caso de que las alegaciones sean estimadas, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, responde: "De momento, no. Los tribunales dirán lo que hay que hacer, pero en estos momentos es una ley que nos obliga a todos".
Tampoco el PP ha optado por hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento en Canarias, aunque cabe conjeturar que su postura sería otra si controlase la Consejería de Educación, en manos de su socio de gobierno, Coalición Canaria. Aun así, los populares aseveran que su postura es la misma en el Archipiélago que en el conjunto del Estado.
"Hecha a medida"
En este sentido, Carlos Ester, portavoz del grupo parlamentario del PP en materia educativa, considera que la asignatura "no se debe impartir". En primer lugar, porque "está hecha a la medida del PSOE, que busca propulsar sus valores sin contar con el consentimiento de los padres", y, además, porque no constituye una prioridad en unos momentos en que España viaja en el vagón de cola de los países europeos en lo que se refiere a calidad de la enseñanza.
Aunque el PP cree firmemente en la objeción de conciencia como "un derecho que recoge la Constitución y nos ampara a todos", no se plantea rebelarse ante la ley. "Nunca vamos a ir en contra de una ley. Hay que esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos de la consejería y los tribunales y después tratar de llegar a un acuerdo", apunta Carlos Ester.
Entre tanto, los colectivos de padres y de alumnos parecen conformes con los contenidos y orientación de la asignatura. Domingo Monzón, de la confederación regional de asociaciones de padres, defiende EpC porque "la formación en valores de ciudadanía, sociedad democrática, compromiso y participación no puede quedar reservada sólo a las familias", al tiempo que circunscribe la controversia generada en otras regiones a motivos políticos. En cuanto a la objeción de conciencia, se pregunta: "¿Objeción a qué? ¿A la formación como ciudadanos, a la Constitución Española?".
La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) también respalda la materia. "La vimos positiva desde un principio y tras profundizar en ella seguimos viéndola así", comenta el presidente de la asociación, Alberto Álvarez, quien, no obstante, deja la puerta abierta a la búsqueda de alternativas para quienes no quieran cursar la nueva materia.
http://www.eldia.es/2008-09-14/canarias/canarias4.htm
MIGUEL GÓMEZ, Tenerife
Pese a la activa oposición de un grupo de padres, no parece que el "aterrizaje" en Canarias de Educación para la Ciudadanía (EpC) -que este curso se impartirá en segundo de la ESO- vaya a despertar la misma controversia que en otras comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), algunas de las cuales han declarado la guerra a la asignatura. Su llegada a las Islas no ha sido precedida de un debate social y político comparable al que se ha producido en esas regiones. Más bien ha generado un cierto consenso entre la comunidad educativa -asociaciones de padres y de alumnos la acogen con satisfacción-, y sólo las cerca de 120 alegaciones presentadas ante la Consejería de Educación -que, en caso de ser desestimadas, acabarían en los tribunales- amenazan con avivar la polémica.
La cifra de objeciones planteadas en Canarias es de las más bajas del país -sólo en Baleares se han registrado menos-, un dato que los promotores de la oposición a la asignatura atribuyen al "miedo" de los padres y a las reticencias que han encontrado en algunos centros de enseñanza. Esta última circunstancia lleva a Jorge Melón, portavoz de la asociación Tenerife Educa en Libertad, a recomendar a las familias que no desean que sus hijos cursen EpC que entreguen los escritos de objeción ante la consejería, no sólo en los institutos. Además, Melón se muestra convencido de que el número de alegaciones se incrementará.
Aunque admite que la disposición del Gobierno a analizar sus motivos deja "un resquicio" a la esperanza, Jorge Melón no está muy convencido de que la Administración termine aceptando los argumentos de los objetores. "Intentan ganar tiempo y nada más". De confirmarse esta previsión, las familias irán a los tribunales, como ha ocurrido en otras comunidades, en algunas de las cuales se han dictado fallos favorables a sus posiciones, caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
"Los padres tenemos la potestad de educar moralmente a nuestros hijos y el Estado no se la puede apropiar para formarlos según sus criterios y valores, que además son cambiantes. Ahora gobierna la izquierda, pero cuando lo haga la derecha, ¿educará a los niños en sus propios valores", reflexiona.
En el caso de Canarias, el propio proceso que se sigue para dar salida a las objeciones suscita dudas. Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que "no es el procedimiento habitual", pues "en otras comunidades las alegaciones no se remiten directamente a la Administración, sino que son examinadas por los tribunales".
Por lo que se refiere al futuro que puedan tener estos recursos, en el seno del mismo Gobierno regional se reconoce que la objeción de conciencia "no está reglada" en casos como éste. Sin embargo, el Ejecutivo sí cree conveniente que los ciudadanos "tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión a la Administración antes de acudir a la Justicia". Respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda articular una alternativa a la asignatura en caso de que se aceptaran las alegaciones, esta fuente recuerda que otras regiones, como Madrid, así lo han hecho. "Mecanismos puede haberlos, otra cosa es que aquí se decida ofertarlos", advierte.
Lo que sí ha dejado claro la Consejería es que la implantación de la asignatura se hará conforme a la ley. Ante la pregunta de si el Gobierno ha previsto qué actuaciones poner en marcha en caso de que las alegaciones sean estimadas, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, responde: "De momento, no. Los tribunales dirán lo que hay que hacer, pero en estos momentos es una ley que nos obliga a todos".
Tampoco el PP ha optado por hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento en Canarias, aunque cabe conjeturar que su postura sería otra si controlase la Consejería de Educación, en manos de su socio de gobierno, Coalición Canaria. Aun así, los populares aseveran que su postura es la misma en el Archipiélago que en el conjunto del Estado.
"Hecha a medida"
En este sentido, Carlos Ester, portavoz del grupo parlamentario del PP en materia educativa, considera que la asignatura "no se debe impartir". En primer lugar, porque "está hecha a la medida del PSOE, que busca propulsar sus valores sin contar con el consentimiento de los padres", y, además, porque no constituye una prioridad en unos momentos en que España viaja en el vagón de cola de los países europeos en lo que se refiere a calidad de la enseñanza.
Aunque el PP cree firmemente en la objeción de conciencia como "un derecho que recoge la Constitución y nos ampara a todos", no se plantea rebelarse ante la ley. "Nunca vamos a ir en contra de una ley. Hay que esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos de la consejería y los tribunales y después tratar de llegar a un acuerdo", apunta Carlos Ester.
Entre tanto, los colectivos de padres y de alumnos parecen conformes con los contenidos y orientación de la asignatura. Domingo Monzón, de la confederación regional de asociaciones de padres, defiende EpC porque "la formación en valores de ciudadanía, sociedad democrática, compromiso y participación no puede quedar reservada sólo a las familias", al tiempo que circunscribe la controversia generada en otras regiones a motivos políticos. En cuanto a la objeción de conciencia, se pregunta: "¿Objeción a qué? ¿A la formación como ciudadanos, a la Constitución Española?".
La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) también respalda la materia. "La vimos positiva desde un principio y tras profundizar en ella seguimos viéndola así", comenta el presidente de la asociación, Alberto Álvarez, quien, no obstante, deja la puerta abierta a la búsqueda de alternativas para quienes no quieran cursar la nueva materia.
http://www.eldia.es/2008-09-14/canarias/canarias4.htm
sábado, 6 de septiembre de 2008
Tenerife Educa en Libertad pide que se acepten las objeciones
Vista las declaraciones que ha hecho la directora general de Ordenación e investigación Educativa, Victoria González, la plataforma Tenerife Educa en Libertad le quiere agradecer su preocupación por los padres que han presentado objeciones para que sus hijos no tengan que estudiar la asignatura adoctrinante Educación para la Ciudadanía , y que sus servicios jurídicos estén estudiando la salida que se les dará.Le queremos aclarar que Canarias con 116 objeciones, por ahora, no es la que menos objeciones tiene, ya que las Islas Baleares tienen 82 objeciones, según datos facilitados por Profesionales por la Ética. Si no hay más es porque muchos padres tienen miedo a presentarlas y que no sean aceptadas, pudiendo producirse marginación y rechazo hacia sus hijos en los colegios.Por tanto le pedimos a la Consejería que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, ya que aunque sólo fuera una objeción presentada tendría el mismo derecho que cien o mil.Según la constitución la potestad de educar le pertenece sólo a los padres y es una injusticia que ese derecho se lo quiera apropiar el Estado.
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Los padres irán a los tribunales
A escasos días de que comiencen las clases en toda España, en Canarias las plataformas constituidas en contra de la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya avisan de que "ante la falta de alternativas y dado que no se nos ha negado nuestro derecho a objetar, es probable que al poco de empezar las clases acudamos a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a educar moralmente a nuestros hijos". En este sentido, desde la asociación Tenerife Educa en Libertad se recuerda que "en Andalucía y Castilla-La Mancha hay padres que ya han ido a juicio y han ganado, así que en el mismo caso, lo lógico es que nosotros hagamos lo mismo". A juicio del portavoz de esta organización recientemente constituida, Jorge Melón, "los padres que están objetando y están mostrando su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias, la consejera de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas, lo que no sucede en otras comunidades". Melón incluso asegura que "en los colegios privados la cosa está más tranquila, sobre todo en los religiosos porque se adaptan al ideario, pero en los públicos hay quienes incluso se niegan a aceptar las solicitudes de objeción de conciencia, de manera que les recomendamos a los padres que las presenten directamente en la Consejería de Educación, aunque de momento no nos haya respondido".
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad0.htm
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad0.htm
Canarias sólo registra 116 objeciones a Educación para la Ciudadanía
G.M., AGCIAS, Tfe./Valencia
Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que han registrado un menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 116, según datos facilitados ayer por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505, y Valencia, con 5.606, encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155, y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron ayer que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, la mayoría de los padres objetores lo han hecho "no por los contenidos de la asignatura, sino por su planteamiento global, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo considera que en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Decisión judicial
Los promotores de la objeción a la polémica materia recibieron ayer un importante espaldarazo en forma de auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, que decretó la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo autónomo, recuerda que existe "un número cada vez más elevado de procedimientos cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución".
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad1.htm
Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que han registrado un menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 116, según datos facilitados ayer por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505, y Valencia, con 5.606, encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155, y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron ayer que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, la mayoría de los padres objetores lo han hecho "no por los contenidos de la asignatura, sino por su planteamiento global, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo considera que en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Decisión judicial
Los promotores de la objeción a la polémica materia recibieron ayer un importante espaldarazo en forma de auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, que decretó la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo autónomo, recuerda que existe "un número cada vez más elevado de procedimientos cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución".
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad1.htm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
