EpC entra de puntillas en Canarias

Educación para la Ciudadanía (EpC) llega mañana a las Islas sin la polémica que en otras regiones y mientras la Consejería estudia las alegaciones presentadas por 116 padres que temen que la Administración sólo intente "ganar tiempo".
MIGUEL GÓMEZ, Tenerife
Pese a la activa oposición de un grupo de padres, no parece que el "aterrizaje" en Canarias de Educación para la Ciudadanía (EpC) -que este curso se impartirá en segundo de la ESO- vaya a despertar la misma controversia que en otras comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), algunas de las cuales han declarado la guerra a la asignatura. Su llegada a las Islas no ha sido precedida de un debate social y político comparable al que se ha producido en esas regiones. Más bien ha generado un cierto consenso entre la comunidad educativa -asociaciones de padres y de alumnos la acogen con satisfacción-, y sólo las cerca de 120 alegaciones presentadas ante la Consejería de Educación -que, en caso de ser desestimadas, acabarían en los tribunales- amenazan con avivar la polémica.
La cifra de objeciones planteadas en Canarias es de las más bajas del país -sólo en Baleares se han registrado menos-, un dato que los promotores de la oposición a la asignatura atribuyen al "miedo" de los padres y a las reticencias que han encontrado en algunos centros de enseñanza. Esta última circunstancia lleva a Jorge Melón, portavoz de la asociación Tenerife Educa en Libertad, a recomendar a las familias que no desean que sus hijos cursen EpC que entreguen los escritos de objeción ante la consejería, no sólo en los institutos. Además, Melón se muestra convencido de que el número de alegaciones se incrementará.
Aunque admite que la disposición del Gobierno a analizar sus motivos deja "un resquicio" a la esperanza, Jorge Melón no está muy convencido de que la Administración termine aceptando los argumentos de los objetores. "Intentan ganar tiempo y nada más". De confirmarse esta previsión, las familias irán a los tribunales, como ha ocurrido en otras comunidades, en algunas de las cuales se han dictado fallos favorables a sus posiciones, caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
"Los padres tenemos la potestad de educar moralmente a nuestros hijos y el Estado no se la puede apropiar para formarlos según sus criterios y valores, que además son cambiantes. Ahora gobierna la izquierda, pero cuando lo haga la derecha, ¿educará a los niños en sus propios valores", reflexiona.
En el caso de Canarias, el propio proceso que se sigue para dar salida a las objeciones suscita dudas. Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que "no es el procedimiento habitual", pues "en otras comunidades las alegaciones no se remiten directamente a la Administración, sino que son examinadas por los tribunales".
Por lo que se refiere al futuro que puedan tener estos recursos, en el seno del mismo Gobierno regional se reconoce que la objeción de conciencia "no está reglada" en casos como éste. Sin embargo, el Ejecutivo sí cree conveniente que los ciudadanos "tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión a la Administración antes de acudir a la Justicia". Respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda articular una alternativa a la asignatura en caso de que se aceptaran las alegaciones, esta fuente recuerda que otras regiones, como Madrid, así lo han hecho. "Mecanismos puede haberlos, otra cosa es que aquí se decida ofertarlos", advierte.
Lo que sí ha dejado claro la Consejería es que la implantación de la asignatura se hará conforme a la ley. Ante la pregunta de si el Gobierno ha previsto qué actuaciones poner en marcha en caso de que las alegaciones sean estimadas, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, responde: "De momento, no. Los tribunales dirán lo que hay que hacer, pero en estos momentos es una ley que nos obliga a todos".
Tampoco el PP ha optado por hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento en Canarias, aunque cabe conjeturar que su postura sería otra si controlase la Consejería de Educación, en manos de su socio de gobierno, Coalición Canaria. Aun así, los populares aseveran que su postura es la misma en el Archipiélago que en el conjunto del Estado.
"Hecha a medida"
En este sentido, Carlos Ester, portavoz del grupo parlamentario del PP en materia educativa, considera que la asignatura "no se debe impartir". En primer lugar, porque "está hecha a la medida del PSOE, que busca propulsar sus valores sin contar con el consentimiento de los padres", y, además, porque no constituye una prioridad en unos momentos en que España viaja en el vagón de cola de los países europeos en lo que se refiere a calidad de la enseñanza.
Aunque el PP cree firmemente en la objeción de conciencia como "un derecho que recoge la Constitución y nos ampara a todos", no se plantea rebelarse ante la ley. "Nunca vamos a ir en contra de una ley. Hay que esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos de la consejería y los tribunales y después tratar de llegar a un acuerdo", apunta Carlos Ester.
Entre tanto, los colectivos de padres y de alumnos parecen conformes con los contenidos y orientación de la asignatura. Domingo Monzón, de la confederación regional de asociaciones de padres, defiende EpC porque "la formación en valores de ciudadanía, sociedad democrática, compromiso y participación no puede quedar reservada sólo a las familias", al tiempo que circunscribe la controversia generada en otras regiones a motivos políticos. En cuanto a la objeción de conciencia, se pregunta: "¿Objeción a qué? ¿A la formación como ciudadanos, a la Constitución Española?".
La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) también respalda la materia. "La vimos positiva desde un principio y tras profundizar en ella seguimos viéndola así", comenta el presidente de la asociación, Alberto Álvarez, quien, no obstante, deja la puerta abierta a la búsqueda de alternativas para quienes no quieran cursar la nueva materia.

http://www.eldia.es/2008-09-14/canarias/canarias4.htm