Canarias sólo registra 116 objeciones a Educación para la Ciudadanía

G.M., AGCIAS, Tfe./Valencia
Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que han registrado un menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 116, según datos facilitados ayer por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505, y Valencia, con 5.606, encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155, y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron ayer que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, la mayoría de los padres objetores lo han hecho "no por los contenidos de la asignatura, sino por su planteamiento global, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo considera que en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Decisión judicial
Los promotores de la objeción a la polémica materia recibieron ayer un importante espaldarazo en forma de auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, que decretó la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo autónomo, recuerda que existe "un número cada vez más elevado de procedimientos cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución".

http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad1.htm