La aplicación de la nueva materia empieza este curso en segundo y cuarto de ESO. Los padres opuestos a la asignatura exigen a la Consejería una alternativa.
DELIA JIMÉNEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los representantes de los distintos colectivos que en Canarias se oponen a la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que este año comenzará a aplicarse por primera vez en los cursos de segundo y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mantienen que plantearán las objeciones de los padres canarios ante los tribunales si la Consejería de Educación no aplica una alternativa.
Educación para la Ciudadanía fue introducida en el sistema educativo español de manera obligatoria por la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada durante la primera legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Precisamente, este curso expiraba el plazo concedido por el Ministerio de Educación a las distintas comunidades autónomas para que comenzaran a aplicar en las aulas la nueva asignatura, que ha generado un intenso debate en la sociedad española.
La polémica surge ante la convicción de ciertos sectores de que la materia incluida en Educación para la Ciudadanía, que será una asignatura evaluable, goza de "una manipulación política que pretende ir educando la conciencia de los jóvenes a imagen y semejanza de los gobiernos de turno, y eso es lo que no pueden permitir los padres", apunta Jorge Melón, el fundador de la plataforma Tenerife Educa en Libertad.
Por su parte, Antonio Saavedra, representante de la mencionada plataforma en Gran Canaria, advierte a los padres sobre la importancia de que expresen mediante escrito presentado ante la Consejería de Educación su objeción de conciencia a la asignatura.
Para Saavedra esta nueva materia "no respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos y con ella el Gobierno pretende construir sectariamente la conciencia moral de los alumnos. Están expulsando a los padres de la educación y eso es algo que no debemos tolerar". Además insiste en que la manera en que pretende aplicarse Educación para la Ciudadanía contraviene los mandatos constitucionales, refiriéndose concretamente a la violación del artículo 27.3 de la Constitución Española.
En todo el territorio nacional se han presentado ya más de 41.000 objeciones, de las que 116 (a fecha de agosto) son de padres canarios. En el ranking por comunidades la nuestra se sitúa en el penúltimo lugar, le sigue Baleares. En este sentido, Saavedra anima a las familias a mostrar formalmente su oposición, aunque aún no tengan hijos en edad escolar, "porque ésta es la única vía de frenar la aplicación de esta asignatura. Lo mismo ocurrió con los movimientos contrarios al cumplimiento obligatorio del servicio militar, donde se contó en diez años con 70.000 objeciones que, finalmente, dieron su fruto".
CONFESIÓN. Los promotores de la plataforma contraria a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía en el programa curricular de las escuelas aclaran que se trata de un movimiento no partidista y no confesional, en un intento por corregir a aquellos que pretenden ligar las objeciones a un pensamiento conservador o religioso.
"Los padres que están objetando y que manifiestan su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias la Consejería de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas", añade Jorge Melón, quien además piensa que la escasa repercusión de las objeciones en la enseñanza confesional responde al hecho de que "los colegios concertados, en su mayoría religiosos, se han plegado al dinero del concierto y creen que ellos están a salvo porque pueden aplicar su ideario".
Saavedra coincide en "la existencia de una cierta pasividad por parte de los centros confesionales. Ellos creen que tendrán cierta libertad en la aplicación de esta asignatura, pero yo estoy seguro de que Educación pondrá en marcha a los equipos inspectores para asegurar que la ley se cumple igual en todas partes".
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091400_5_176231__SOCIEDAD-Y-FUTURO-plataforma-canaria-contraria-Educacion-para-Ciudadania-esta-dispuesta-llegar-tribunales
miércoles, 17 de septiembre de 2008
EpC entra de puntillas en Canarias
Educación para la Ciudadanía (EpC) llega mañana a las Islas sin la polémica que en otras regiones y mientras la Consejería estudia las alegaciones presentadas por 116 padres que temen que la Administración sólo intente "ganar tiempo".
MIGUEL GÓMEZ, Tenerife
Pese a la activa oposición de un grupo de padres, no parece que el "aterrizaje" en Canarias de Educación para la Ciudadanía (EpC) -que este curso se impartirá en segundo de la ESO- vaya a despertar la misma controversia que en otras comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), algunas de las cuales han declarado la guerra a la asignatura. Su llegada a las Islas no ha sido precedida de un debate social y político comparable al que se ha producido en esas regiones. Más bien ha generado un cierto consenso entre la comunidad educativa -asociaciones de padres y de alumnos la acogen con satisfacción-, y sólo las cerca de 120 alegaciones presentadas ante la Consejería de Educación -que, en caso de ser desestimadas, acabarían en los tribunales- amenazan con avivar la polémica.
La cifra de objeciones planteadas en Canarias es de las más bajas del país -sólo en Baleares se han registrado menos-, un dato que los promotores de la oposición a la asignatura atribuyen al "miedo" de los padres y a las reticencias que han encontrado en algunos centros de enseñanza. Esta última circunstancia lleva a Jorge Melón, portavoz de la asociación Tenerife Educa en Libertad, a recomendar a las familias que no desean que sus hijos cursen EpC que entreguen los escritos de objeción ante la consejería, no sólo en los institutos. Además, Melón se muestra convencido de que el número de alegaciones se incrementará.
Aunque admite que la disposición del Gobierno a analizar sus motivos deja "un resquicio" a la esperanza, Jorge Melón no está muy convencido de que la Administración termine aceptando los argumentos de los objetores. "Intentan ganar tiempo y nada más". De confirmarse esta previsión, las familias irán a los tribunales, como ha ocurrido en otras comunidades, en algunas de las cuales se han dictado fallos favorables a sus posiciones, caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
"Los padres tenemos la potestad de educar moralmente a nuestros hijos y el Estado no se la puede apropiar para formarlos según sus criterios y valores, que además son cambiantes. Ahora gobierna la izquierda, pero cuando lo haga la derecha, ¿educará a los niños en sus propios valores", reflexiona.
En el caso de Canarias, el propio proceso que se sigue para dar salida a las objeciones suscita dudas. Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que "no es el procedimiento habitual", pues "en otras comunidades las alegaciones no se remiten directamente a la Administración, sino que son examinadas por los tribunales".
Por lo que se refiere al futuro que puedan tener estos recursos, en el seno del mismo Gobierno regional se reconoce que la objeción de conciencia "no está reglada" en casos como éste. Sin embargo, el Ejecutivo sí cree conveniente que los ciudadanos "tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión a la Administración antes de acudir a la Justicia". Respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda articular una alternativa a la asignatura en caso de que se aceptaran las alegaciones, esta fuente recuerda que otras regiones, como Madrid, así lo han hecho. "Mecanismos puede haberlos, otra cosa es que aquí se decida ofertarlos", advierte.
Lo que sí ha dejado claro la Consejería es que la implantación de la asignatura se hará conforme a la ley. Ante la pregunta de si el Gobierno ha previsto qué actuaciones poner en marcha en caso de que las alegaciones sean estimadas, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, responde: "De momento, no. Los tribunales dirán lo que hay que hacer, pero en estos momentos es una ley que nos obliga a todos".
Tampoco el PP ha optado por hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento en Canarias, aunque cabe conjeturar que su postura sería otra si controlase la Consejería de Educación, en manos de su socio de gobierno, Coalición Canaria. Aun así, los populares aseveran que su postura es la misma en el Archipiélago que en el conjunto del Estado.
"Hecha a medida"
En este sentido, Carlos Ester, portavoz del grupo parlamentario del PP en materia educativa, considera que la asignatura "no se debe impartir". En primer lugar, porque "está hecha a la medida del PSOE, que busca propulsar sus valores sin contar con el consentimiento de los padres", y, además, porque no constituye una prioridad en unos momentos en que España viaja en el vagón de cola de los países europeos en lo que se refiere a calidad de la enseñanza.
Aunque el PP cree firmemente en la objeción de conciencia como "un derecho que recoge la Constitución y nos ampara a todos", no se plantea rebelarse ante la ley. "Nunca vamos a ir en contra de una ley. Hay que esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos de la consejería y los tribunales y después tratar de llegar a un acuerdo", apunta Carlos Ester.
Entre tanto, los colectivos de padres y de alumnos parecen conformes con los contenidos y orientación de la asignatura. Domingo Monzón, de la confederación regional de asociaciones de padres, defiende EpC porque "la formación en valores de ciudadanía, sociedad democrática, compromiso y participación no puede quedar reservada sólo a las familias", al tiempo que circunscribe la controversia generada en otras regiones a motivos políticos. En cuanto a la objeción de conciencia, se pregunta: "¿Objeción a qué? ¿A la formación como ciudadanos, a la Constitución Española?".
La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) también respalda la materia. "La vimos positiva desde un principio y tras profundizar en ella seguimos viéndola así", comenta el presidente de la asociación, Alberto Álvarez, quien, no obstante, deja la puerta abierta a la búsqueda de alternativas para quienes no quieran cursar la nueva materia.
http://www.eldia.es/2008-09-14/canarias/canarias4.htm
MIGUEL GÓMEZ, Tenerife
Pese a la activa oposición de un grupo de padres, no parece que el "aterrizaje" en Canarias de Educación para la Ciudadanía (EpC) -que este curso se impartirá en segundo de la ESO- vaya a despertar la misma controversia que en otras comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular (PP), algunas de las cuales han declarado la guerra a la asignatura. Su llegada a las Islas no ha sido precedida de un debate social y político comparable al que se ha producido en esas regiones. Más bien ha generado un cierto consenso entre la comunidad educativa -asociaciones de padres y de alumnos la acogen con satisfacción-, y sólo las cerca de 120 alegaciones presentadas ante la Consejería de Educación -que, en caso de ser desestimadas, acabarían en los tribunales- amenazan con avivar la polémica.
La cifra de objeciones planteadas en Canarias es de las más bajas del país -sólo en Baleares se han registrado menos-, un dato que los promotores de la oposición a la asignatura atribuyen al "miedo" de los padres y a las reticencias que han encontrado en algunos centros de enseñanza. Esta última circunstancia lleva a Jorge Melón, portavoz de la asociación Tenerife Educa en Libertad, a recomendar a las familias que no desean que sus hijos cursen EpC que entreguen los escritos de objeción ante la consejería, no sólo en los institutos. Además, Melón se muestra convencido de que el número de alegaciones se incrementará.
Aunque admite que la disposición del Gobierno a analizar sus motivos deja "un resquicio" a la esperanza, Jorge Melón no está muy convencido de que la Administración termine aceptando los argumentos de los objetores. "Intentan ganar tiempo y nada más". De confirmarse esta previsión, las familias irán a los tribunales, como ha ocurrido en otras comunidades, en algunas de las cuales se han dictado fallos favorables a sus posiciones, caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
"Los padres tenemos la potestad de educar moralmente a nuestros hijos y el Estado no se la puede apropiar para formarlos según sus criterios y valores, que además son cambiantes. Ahora gobierna la izquierda, pero cuando lo haga la derecha, ¿educará a los niños en sus propios valores", reflexiona.
En el caso de Canarias, el propio proceso que se sigue para dar salida a las objeciones suscita dudas. Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que "no es el procedimiento habitual", pues "en otras comunidades las alegaciones no se remiten directamente a la Administración, sino que son examinadas por los tribunales".
Por lo que se refiere al futuro que puedan tener estos recursos, en el seno del mismo Gobierno regional se reconoce que la objeción de conciencia "no está reglada" en casos como éste. Sin embargo, el Ejecutivo sí cree conveniente que los ciudadanos "tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión a la Administración antes de acudir a la Justicia". Respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda articular una alternativa a la asignatura en caso de que se aceptaran las alegaciones, esta fuente recuerda que otras regiones, como Madrid, así lo han hecho. "Mecanismos puede haberlos, otra cosa es que aquí se decida ofertarlos", advierte.
Lo que sí ha dejado claro la Consejería es que la implantación de la asignatura se hará conforme a la ley. Ante la pregunta de si el Gobierno ha previsto qué actuaciones poner en marcha en caso de que las alegaciones sean estimadas, la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Victoria González Ares, responde: "De momento, no. Los tribunales dirán lo que hay que hacer, pero en estos momentos es una ley que nos obliga a todos".
Tampoco el PP ha optado por hacer de esta cuestión un motivo de enfrentamiento en Canarias, aunque cabe conjeturar que su postura sería otra si controlase la Consejería de Educación, en manos de su socio de gobierno, Coalición Canaria. Aun así, los populares aseveran que su postura es la misma en el Archipiélago que en el conjunto del Estado.
"Hecha a medida"
En este sentido, Carlos Ester, portavoz del grupo parlamentario del PP en materia educativa, considera que la asignatura "no se debe impartir". En primer lugar, porque "está hecha a la medida del PSOE, que busca propulsar sus valores sin contar con el consentimiento de los padres", y, además, porque no constituye una prioridad en unos momentos en que España viaja en el vagón de cola de los países europeos en lo que se refiere a calidad de la enseñanza.
Aunque el PP cree firmemente en la objeción de conciencia como "un derecho que recoge la Constitución y nos ampara a todos", no se plantea rebelarse ante la ley. "Nunca vamos a ir en contra de una ley. Hay que esperar a ver qué dicen los servicios jurídicos de la consejería y los tribunales y después tratar de llegar a un acuerdo", apunta Carlos Ester.
Entre tanto, los colectivos de padres y de alumnos parecen conformes con los contenidos y orientación de la asignatura. Domingo Monzón, de la confederación regional de asociaciones de padres, defiende EpC porque "la formación en valores de ciudadanía, sociedad democrática, compromiso y participación no puede quedar reservada sólo a las familias", al tiempo que circunscribe la controversia generada en otras regiones a motivos políticos. En cuanto a la objeción de conciencia, se pregunta: "¿Objeción a qué? ¿A la formación como ciudadanos, a la Constitución Española?".
La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) también respalda la materia. "La vimos positiva desde un principio y tras profundizar en ella seguimos viéndola así", comenta el presidente de la asociación, Alberto Álvarez, quien, no obstante, deja la puerta abierta a la búsqueda de alternativas para quienes no quieran cursar la nueva materia.
http://www.eldia.es/2008-09-14/canarias/canarias4.htm
sábado, 6 de septiembre de 2008
Tenerife Educa en Libertad pide que se acepten las objeciones
Vista las declaraciones que ha hecho la directora general de Ordenación e investigación Educativa, Victoria González, la plataforma Tenerife Educa en Libertad le quiere agradecer su preocupación por los padres que han presentado objeciones para que sus hijos no tengan que estudiar la asignatura adoctrinante Educación para la Ciudadanía , y que sus servicios jurídicos estén estudiando la salida que se les dará.Le queremos aclarar que Canarias con 116 objeciones, por ahora, no es la que menos objeciones tiene, ya que las Islas Baleares tienen 82 objeciones, según datos facilitados por Profesionales por la Ética. Si no hay más es porque muchos padres tienen miedo a presentarlas y que no sean aceptadas, pudiendo producirse marginación y rechazo hacia sus hijos en los colegios.Por tanto le pedimos a la Consejería que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, ya que aunque sólo fuera una objeción presentada tendría el mismo derecho que cien o mil.Según la constitución la potestad de educar le pertenece sólo a los padres y es una injusticia que ese derecho se lo quiera apropiar el Estado.
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Los padres irán a los tribunales
A escasos días de que comiencen las clases en toda España, en Canarias las plataformas constituidas en contra de la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía ya avisan de que "ante la falta de alternativas y dado que no se nos ha negado nuestro derecho a objetar, es probable que al poco de empezar las clases acudamos a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a educar moralmente a nuestros hijos". En este sentido, desde la asociación Tenerife Educa en Libertad se recuerda que "en Andalucía y Castilla-La Mancha hay padres que ya han ido a juicio y han ganado, así que en el mismo caso, lo lógico es que nosotros hagamos lo mismo". A juicio del portavoz de esta organización recientemente constituida, Jorge Melón, "los padres que están objetando y están mostrando su rechazo a que esta asignatura sea obligatoria están mostrando mucha valentía, porque en Canarias, la consejera de Educación está demostrando que está de acuerdo con el planteamiento de esta materia e ignora nuestras demandas, lo que no sucede en otras comunidades". Melón incluso asegura que "en los colegios privados la cosa está más tranquila, sobre todo en los religiosos porque se adaptan al ideario, pero en los públicos hay quienes incluso se niegan a aceptar las solicitudes de objeción de conciencia, de manera que les recomendamos a los padres que las presenten directamente en la Consejería de Educación, aunque de momento no nos haya respondido".
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad0.htm
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad0.htm
Canarias sólo registra 116 objeciones a Educación para la Ciudadanía
G.M., AGCIAS, Tfe./Valencia
Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que han registrado un menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 116, según datos facilitados ayer por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505, y Valencia, con 5.606, encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155, y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron ayer que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, la mayoría de los padres objetores lo han hecho "no por los contenidos de la asignatura, sino por su planteamiento global, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo considera que en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Decisión judicial
Los promotores de la objeción a la polémica materia recibieron ayer un importante espaldarazo en forma de auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, que decretó la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo autónomo, recuerda que existe "un número cada vez más elevado de procedimientos cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución".
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad1.htm
Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que han registrado un menor número de objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con un total de 116, según datos facilitados ayer por el colectivo Profesionales por la Ética.
Madrid, con 11.531; Castilla-La Mancha, con 9.014; Andalucía, con 7.505, y Valencia, con 5.606, encabezan la lista de objeciones, mientras que en toda España la materia escolar ha provocado ya 44.513 objeciones.
En el lado opuesto, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento; Canarias, que registra 116; Cantabria, con 155, y Extremadura, donde se han recogido 263.
Desde Profesionales por la Ética recalcaron ayer que los padres son los protagonistas del "mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar".
Según la entidad, la mayoría de los padres objetores lo han hecho "no por los contenidos de la asignatura, sino por su planteamiento global, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral".
Asimismo, el colectivo considera que en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la polémica asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".
Decisión judicial
Los promotores de la objeción a la polémica materia recibieron ayer un importante espaldarazo en forma de auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, que decretó la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a los primeros padres en llevar la asignatura a los tribunales. Este es el primer auto judicial favorable a los objetores en Castilla-La Mancha. La sentencia, que será recurrida por el Ejecutivo autónomo, recuerda que existe "un número cada vez más elevado de procedimientos cuyo objeto procesal es coincidente y en los que ya ha caído resolución jurisdiccional reconociendo el derecho de los progenitores al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución".
http://www.eldia.es/2008-09-03/sociedad/sociedad1.htm
miércoles, 9 de julio de 2008
La objeción a EpC preocupa al gobierno y a las administraciones autonómicas
Madrid, 9 de julio. Al finalizar el curso 2007- 2008, las objeciones a EpC ascienden a 41 107 en toda España. Sin embargo, muchas de estas objeciones tienen carácter preventivo, al igual que sucedía con los jóvenes que se declaraban objetores al servicio militar antes de ser llamados a filas. Además, hay que tener en cuenta que hasta ahora EpC solamente se ha implantado en 3º de ESO en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura y Navarra.
Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, asegura que, de acuerdo con los datos proporcionados por las plataformas locales y regionales, en la Comunidad Foral de Navarra han objetado al menos 48 alumnos que se encuentran en 3º de ESO.
En Andalucía se han producido 449 objeciones (reconocidas por la Junta) de alumnos que se encuentran en 3º de ESO, así por ejemplo sólo en la provincia de Cádiz han sido 92 los alumnos objetores de 3º de ESO, de estos alumnos muchos han sido suspendidos y otros calificados como “No presentado”. En Córdoba capital son 17 los alumnos suspendidos o no calificados y en Jaén 4.
En Cantabria se tiene noticia de la existencia de 11 objetores a EpC en 3º de ESO.
En Aragón, en 3º de ESO han objetado como mínimo 27 alumnos, 7 en Huesca, 4 en Teruel y 16 en Zaragoza
. Curiosamente, en las calificaciones de final de curso, a esos alumnos se les ha puesto un 1 especificando que promocionan a 4º de ESO.
En Barcelona han sido al menos 46 los alumnos de 3º de ESO; algunos de ellos han suspendido con un 3.
Por otra parte, según Leonor Tamayo, numerosos objetores han sido obligados, bajo amenazas y coacciones, a entrar en clase sin respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Así, en Cantabria la Consejería de Educación ha llamado a los colegios para pedir la nota que habían puesto a los objetores a EpC, amenazando con que si no les decían la nota les enviaban a la Inspección Educativa.
En Asturias, los objetores también están sufriendo el acoso de la Administración autonómica. En esta Comunidad, los inspectores de Educación están dando instrucciones verbales (evitando las pruebas escritas) a los centros educativos para que expedienten a los objetores. “Con esta medida”, asegura Tamayo, “ponen en un compromiso al centro educativo, que tiene que enfrentarse a los padres sin un respaldo escrito de la Consejería de Educación”.
“Es curioso”, afirma Tamayo, “que una asignatura como EpC que en teoría enseña democracia y derechos humanos se imponga a base de presiones y amenazas a padres y alumnos, desde una falta de respeto absoluto a las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Española.”
Según Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el recrudecimiento de la campaña gubernamental de amenazas a los objetores a EpC, acusándoles de absentistas, pone de manifiesto que el movimiento objetor es imparable. Y el Gobierno central y las administraciones autonómicas lo saben.
Legalmente, según Urcelay, las administraciones que amenazan a los objetores se sitúan en una posición legalmente muy difícil. “Los objetores”, aseguran, “cumplen la ley”. Estas son sus razones:
§ Los objetores están cumpliendo la ley,
concretamente la máxima norma, la Constitución Española (artículo 16.1), que reconoce como derecho fundamental la libertad ideológica y religiosa. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias nº 15/82, de 23 de abril, FJ 6º, 53/85, de 11 de abril, FJ º 14, 161/87, FJ 3º), y del Tribunal Supremo (SSTS 16 de enero y 23 de enero de 1998, y 23 de abril de 2005, entre otras), la objeción de conciencia es un derecho que deriva de la libertad ideológica, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución.
§ Además, los padres objetores defienden la ley porque exigen el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual “los poderes públicos deberán garantizar que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”.
§ Se han producido dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocen el derecho a objetar a la asignatura y otra que afirma que algunos contenidos de la materia vulneran el «principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos». Las tres sentencias están recurridas ante el Supremo por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Además,
el TSJA ha dictado más de 20 autos aprobando medidas cautelares que suspenden la obligación de cursar EpC hasta que se dicte sentencia.
§ En Aragón, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha reconocido a una familia el derecho de sus hijos a no cursar EpC como medida cautelar hasta que se dicte sentencia.
§ En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido 23 sentencias denegando la objeción por falta de pruebas sobre el contenido de la asignatura aunque reconocen el derecho constitucional a la objeción de conciencia y el de los padres a educar a sus hijos por encima de las pretensiones del Estado. Las sentencias asturianas están recurridas por los objetores ante el Tribunal Supremo.
Urcelay recuerda igualmente que el absentismo escolar consiste en la reiterada falta de asistencia, periódica y sin justificación, al centro escolar, por lo que tratándose de la inasistencia a una clase concreta no puede hablarse de tal figura. El alumno cuyos padres han objetado permanece en el centro a lo largo de todo el horario escolar, incluidas las horas de EpC. Así, el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio (BOJA del 20 de junio), de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, define absentismo escolar como “la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique”.
El presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA afirma que “el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia es motivo sobradamente justificado para que el alumno del padre objetor no asista específicamente a las clases de EpC”. Por tanto, el menor presente en el centro educativo que se niegue por instrucción paterna a la asistencia a las clases de EpC no sería absentista, ya que la ley contempla como absentismo exclusivamente la ausencia del centro docente.
A esta legislación hay que añadir que la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Educación (LOE), apartado 3.,
reconoce, entre los derechos de los alumnos, “que sea respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución”. Esta misma Disposición de la LOE, en su apartado 5, especifica que «las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.»
Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, asegura que, de acuerdo con los datos proporcionados por las plataformas locales y regionales, en la Comunidad Foral de Navarra han objetado al menos 48 alumnos que se encuentran en 3º de ESO.
En Andalucía se han producido 449 objeciones (reconocidas por la Junta) de alumnos que se encuentran en 3º de ESO, así por ejemplo sólo en la provincia de Cádiz han sido 92 los alumnos objetores de 3º de ESO, de estos alumnos muchos han sido suspendidos y otros calificados como “No presentado”. En Córdoba capital son 17 los alumnos suspendidos o no calificados y en Jaén 4.
En Cantabria se tiene noticia de la existencia de 11 objetores a EpC en 3º de ESO.
En Aragón, en 3º de ESO han objetado como mínimo 27 alumnos, 7 en Huesca, 4 en Teruel y 16 en Zaragoza
. Curiosamente, en las calificaciones de final de curso, a esos alumnos se les ha puesto un 1 especificando que promocionan a 4º de ESO.
En Barcelona han sido al menos 46 los alumnos de 3º de ESO; algunos de ellos han suspendido con un 3.
Por otra parte, según Leonor Tamayo, numerosos objetores han sido obligados, bajo amenazas y coacciones, a entrar en clase sin respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Así, en Cantabria la Consejería de Educación ha llamado a los colegios para pedir la nota que habían puesto a los objetores a EpC, amenazando con que si no les decían la nota les enviaban a la Inspección Educativa.
En Asturias, los objetores también están sufriendo el acoso de la Administración autonómica. En esta Comunidad, los inspectores de Educación están dando instrucciones verbales (evitando las pruebas escritas) a los centros educativos para que expedienten a los objetores. “Con esta medida”, asegura Tamayo, “ponen en un compromiso al centro educativo, que tiene que enfrentarse a los padres sin un respaldo escrito de la Consejería de Educación”.
“Es curioso”, afirma Tamayo, “que una asignatura como EpC que en teoría enseña democracia y derechos humanos se imponga a base de presiones y amenazas a padres y alumnos, desde una falta de respeto absoluto a las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Española.”
Según Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el recrudecimiento de la campaña gubernamental de amenazas a los objetores a EpC, acusándoles de absentistas, pone de manifiesto que el movimiento objetor es imparable. Y el Gobierno central y las administraciones autonómicas lo saben.
Legalmente, según Urcelay, las administraciones que amenazan a los objetores se sitúan en una posición legalmente muy difícil. “Los objetores”, aseguran, “cumplen la ley”. Estas son sus razones:
§ Los objetores están cumpliendo la ley,
concretamente la máxima norma, la Constitución Española (artículo 16.1), que reconoce como derecho fundamental la libertad ideológica y religiosa. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias nº 15/82, de 23 de abril, FJ 6º, 53/85, de 11 de abril, FJ º 14, 161/87, FJ 3º), y del Tribunal Supremo (SSTS 16 de enero y 23 de enero de 1998, y 23 de abril de 2005, entre otras), la objeción de conciencia es un derecho que deriva de la libertad ideológica, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución.
§ Además, los padres objetores defienden la ley porque exigen el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual “los poderes públicos deberán garantizar que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”.
§ Se han producido dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocen el derecho a objetar a la asignatura y otra que afirma que algunos contenidos de la materia vulneran el «principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos». Las tres sentencias están recurridas ante el Supremo por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Además,
el TSJA ha dictado más de 20 autos aprobando medidas cautelares que suspenden la obligación de cursar EpC hasta que se dicte sentencia.
§ En Aragón, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha reconocido a una familia el derecho de sus hijos a no cursar EpC como medida cautelar hasta que se dicte sentencia.
§ En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido 23 sentencias denegando la objeción por falta de pruebas sobre el contenido de la asignatura aunque reconocen el derecho constitucional a la objeción de conciencia y el de los padres a educar a sus hijos por encima de las pretensiones del Estado. Las sentencias asturianas están recurridas por los objetores ante el Tribunal Supremo.
Urcelay recuerda igualmente que el absentismo escolar consiste en la reiterada falta de asistencia, periódica y sin justificación, al centro escolar, por lo que tratándose de la inasistencia a una clase concreta no puede hablarse de tal figura. El alumno cuyos padres han objetado permanece en el centro a lo largo de todo el horario escolar, incluidas las horas de EpC. Así, el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio (BOJA del 20 de junio), de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, define absentismo escolar como “la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique”.
El presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA afirma que “el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia es motivo sobradamente justificado para que el alumno del padre objetor no asista específicamente a las clases de EpC”. Por tanto, el menor presente en el centro educativo que se niegue por instrucción paterna a la asistencia a las clases de EpC no sería absentista, ya que la ley contempla como absentismo exclusivamente la ausencia del centro docente.
A esta legislación hay que añadir que la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Educación (LOE), apartado 3.,
reconoce, entre los derechos de los alumnos, “que sea respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución”. Esta misma Disposición de la LOE, en su apartado 5, especifica que «las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.»
viernes, 27 de junio de 2008
41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA.
Madrid, 25 de junio. El curso escolar que acaba de finalizar ha sido el primero en el que la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha impartido en 3º de Educación Secundaria Obligatoria en siete comunidades autónomas. La polémica materia ha suscitado ya, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, más de 41 mil objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.
Sin embargo, la polémica no ha hecho más que empezar porque el curso que viene EpC se impartirá en toda España, en 2º o 3º de ESO (según las comunidades autónomas), en 4º de ESO (bajo la denominación Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).
Estos datos han sido presentados hoy en Madrid por PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia de padres. Se espera, por tanto, un «otoño caliente» en el ámbito educativo.
Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el movimiento objetor está reflejando sin duda, una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, objetivos e identidad de sus protagonistas.
Tamayo ha asegurado que «los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos».
Igualmente, la coordinadora de esta campaña ha recordado que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41 107 padres objetores sino de nº de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que normalmente firman la objeción el padre y la madre..
Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla La Mancha y de Andalucía. «Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en abril de 2007», ha asegurado Tamayo, «podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración educativa».
En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres, es decir ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que promovían la objeción a EpC con el lema Tus hijos, tu decisión, hoy son 92 las entidades que dan forma al movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.
A continuación ha intervenido Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad). Según Pastor, en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura ya que al leer los objetivos de EpC y de Educación Ético-Cívica se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como «la identidad personal», los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. «Tras leer los decretos de EpC», asegura Pastor, «me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora».
En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuánto los padres se informan del objetivo de EpC, que es «formar la conciencia moral de los alumnos».
Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay , presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:
EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
No se puede entender que existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la fiscalía contra los padres. «Los objetores», ha asegurado, «van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando».
Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana , donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.
Sin embargo, la polémica no ha hecho más que empezar porque el curso que viene EpC se impartirá en toda España, en 2º o 3º de ESO (según las comunidades autónomas), en 4º de ESO (bajo la denominación Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).
Estos datos han sido presentados hoy en Madrid por PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia de padres. Se espera, por tanto, un «otoño caliente» en el ámbito educativo.
Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el movimiento objetor está reflejando sin duda, una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, objetivos e identidad de sus protagonistas.
Tamayo ha asegurado que «los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos».
Igualmente, la coordinadora de esta campaña ha recordado que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41 107 padres objetores sino de nº de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que normalmente firman la objeción el padre y la madre..
Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla La Mancha y de Andalucía. «Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en abril de 2007», ha asegurado Tamayo, «podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración educativa».
En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres, es decir ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que promovían la objeción a EpC con el lema Tus hijos, tu decisión, hoy son 92 las entidades que dan forma al movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.
A continuación ha intervenido Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad). Según Pastor, en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura ya que al leer los objetivos de EpC y de Educación Ético-Cívica se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como «la identidad personal», los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. «Tras leer los decretos de EpC», asegura Pastor, «me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora».
En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuánto los padres se informan del objetivo de EpC, que es «formar la conciencia moral de los alumnos».
Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay , presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:
EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
No se puede entender que existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la fiscalía contra los padres. «Los objetores», ha asegurado, «van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando».
Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana , donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.
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