La objeción a EpC preocupa al gobierno y a las administraciones autonómicas

Madrid, 9 de julio. Al finalizar el curso 2007- 2008, las objeciones a EpC ascienden a 41 107 en toda España. Sin embargo, muchas de estas objeciones tienen carácter preventivo, al igual que sucedía con los jóvenes que se declaraban objetores al servicio militar antes de ser llamados a filas. Además, hay que tener en cuenta que hasta ahora EpC solamente se ha implantado en 3º de ESO en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Principado de Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura y Navarra.


Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, asegura que, de acuerdo con los datos proporcionados por las plataformas locales y regionales, en la Comunidad Foral de Navarra han objetado al menos 48 alumnos que se encuentran en 3º de ESO.

En Andalucía se han producido 449 objeciones (reconocidas por la Junta) de alumnos que se encuentran en 3º de ESO, así por ejemplo sólo en la provincia de Cádiz han sido 92 los alumnos objetores de 3º de ESO, de estos alumnos muchos han sido suspendidos y otros calificados como “No presentado”. En Córdoba capital son 17 los alumnos suspendidos o no calificados y en Jaén 4.

En Cantabria se tiene noticia de la existencia de 11 objetores a EpC en 3º de ESO.

En Aragón, en 3º de ESO han objetado como mínimo 27 alumnos, 7 en Huesca, 4 en Teruel y 16 en Zaragoza
. Curiosamente, en las calificaciones de final de curso, a esos alumnos se les ha puesto un 1 especificando que promocionan a 4º de ESO.

En Barcelona han sido al menos 46 los alumnos de 3º de ESO; algunos de ellos han suspendido con un 3.

Por otra parte, según Leonor Tamayo, numerosos objetores han sido obligados, bajo amenazas y coacciones, a entrar en clase sin respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Así, en Cantabria la Consejería de Educación ha llamado a los colegios para pedir la nota que habían puesto a los objetores a EpC, amenazando con que si no les decían la nota les enviaban a la Inspección Educativa.

En Asturias, los objetores también están sufriendo el acoso de la Administración autonómica. En esta Comunidad, los inspectores de Educación están dando instrucciones verbales (evitando las pruebas escritas) a los centros educativos para que expedienten a los objetores. “Con esta medida”, asegura Tamayo, “ponen en un compromiso al centro educativo, que tiene que enfrentarse a los padres sin un respaldo escrito de la Consejería de Educación”.


“Es curioso”, afirma Tamayo, “que una asignatura como EpC que en teoría enseña democracia y derechos humanos se imponga a base de presiones y amenazas a padres y alumnos, desde una falta de respeto absoluto a las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Española.”

Según Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el recrudecimiento de la campaña gubernamental de amenazas a los objetores a EpC, acusándoles de absentistas, pone de manifiesto que el movimiento objetor es imparable. Y el Gobierno central y las administraciones autonómicas lo saben.

Legalmente, según Urcelay, las administraciones que amenazan a los objetores se sitúan en una posición legalmente muy difícil. “Los objetores”, aseguran, “cumplen la ley”. Estas son sus razones:

§ Los objetores están cumpliendo la ley,
concretamente la máxima norma, la Constitución Española (artículo 16.1), que reconoce como derecho fundamental la libertad ideológica y religiosa. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias nº 15/82, de 23 de abril, FJ 6º, 53/85, de 11 de abril, FJ º 14, 161/87, FJ 3º), y del Tribunal Supremo (SSTS 16 de enero y 23 de enero de 1998, y 23 de abril de 2005, entre otras), la objeción de conciencia es un derecho que deriva de la libertad ideológica, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución.

§ Además, los padres objetores defienden la ley porque exigen el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual “los poderes públicos deberán garantizar que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”.

§ Se han producido dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocen el derecho a objetar a la asignatura y otra que afirma que algunos contenidos de la materia vulneran el «principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos». Las tres sentencias están recurridas ante el Supremo por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Además,
el TSJA ha dictado más de 20 autos aprobando medidas cautelares que suspenden la obligación de cursar EpC hasta que se dicte sentencia.

§ En Aragón, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha reconocido a una familia el derecho de sus hijos a no cursar EpC como medida cautelar hasta que se dicte sentencia.

§ En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido 23 sentencias denegando la objeción por falta de pruebas sobre el contenido de la asignatura aunque reconocen el derecho constitucional a la objeción de conciencia y el de los padres a educar a sus hijos por encima de las pretensiones del Estado. Las sentencias asturianas están recurridas por los objetores ante el Tribunal Supremo.

Urcelay recuerda igualmente que el absentismo escolar consiste en la reiterada falta de asistencia, periódica y sin justificación, al centro escolar, por lo que tratándose de la inasistencia a una clase concreta no puede hablarse de tal figura. El alumno cuyos padres han objetado permanece en el centro a lo largo de todo el horario escolar, incluidas las horas de EpC. Así, el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de junio (BOJA del 20 de junio), de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, define absentismo escolar como “la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique”.

El presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA afirma que “el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia es motivo sobradamente justificado para que el alumno del padre objetor no asista específicamente a las clases de EpC”. Por tanto, el menor presente en el centro educativo que se niegue por instrucción paterna a la asistencia a las clases de EpC no sería absentista, ya que la ley contempla como absentismo exclusivamente la ausencia del centro docente.
A esta legislación hay que añadir que la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Educación (LOE), apartado 3.,
reconoce, entre los derechos de los alumnos, “que sea respetada su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución”. Esta misma Disposición de la LOE, en su apartado 5, especifica que «las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.»

41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA.

Madrid, 25 de junio. El curso escolar que acaba de finalizar ha sido el primero en el que la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha impartido en 3º de Educación Secundaria Obligatoria en siete comunidades autónomas. La polémica materia ha suscitado ya, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, más de 41 mil objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.

Sin embargo, la polémica no ha hecho más que empezar porque el curso que viene EpC se impartirá en toda España, en 2º o 3º de ESO (según las comunidades autónomas), en 4º de ESO (bajo la denominación Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).

Estos datos han sido presentados hoy en Madrid por PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia de padres. Se espera, por tanto, un «otoño caliente» en el ámbito educativo.

Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el movimiento objetor está reflejando sin duda, una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, objetivos e identidad de sus protagonistas.

Tamayo ha asegurado que «los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos».

Igualmente, la coordinadora de esta campaña ha recordado que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41 107 padres objetores sino de nº de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que normalmente firman la objeción el padre y la madre..

Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla La Mancha y de Andalucía. «Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en abril de 2007», ha asegurado Tamayo, «podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración educativa».

En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres, es decir ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que promovían la objeción a EpC con el lema Tus hijos, tu decisión, hoy son 92 las entidades que dan forma al movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.

A continuación ha intervenido Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad). Según Pastor, en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura ya que al leer los objetivos de EpC y de Educación Ético-Cívica se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como «la identidad personal», los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. «Tras leer los decretos de EpC», asegura Pastor, «me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuánto los padres se informan del objetivo de EpC, que es «formar la conciencia moral de los alumnos».

Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay , presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:

EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
No se puede entender que existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la fiscalía contra los padres. «Los objetores», ha asegurado, «van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando».
Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana , donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.

Familia o educación cívica por Victorino Mayoral (Fundación Cives)

La Educación para la Ciudadanía no es precisamente cuestión baladí, ni de corto recorrido en la historia de la educación y de la ciudadanía. Solo si se ignora la génesis y trascendencia cultural, política y social del concepto y carácter de la ciudadanía democrática se puede aceptar la visión reduccionista, neoconservadora y fundamentalista de quienes niegan esa dimensión social del hombre. Como dijo Aristóteles solamente los dioses o los locos pueden vivir al margen de la sociedad y de la ciudadanía. Todos los sistemas democráticos conocidos han actuado y actúan con la misma lógica: los valores que fundamentan los derechos, las libertades y los deberes de la ciudadanía deben formar parte de la educación de todos los ciudadanos, sin que los derechos de los padres a elegir la educación religiosa y moral que crean adecuada para sus hijos constituya obstáculo alguno para el despliegue académico de la formación en valores democráticos por parte de los poderes públicos. La educación cívica se imparte en las escuelas norteamericanas desde la década de 1840 y en los niveles de enseñanza Primaria y Secundaria en Francia desde que Jules Ferry introdujo la instruction cívique en 1882. Hoy, el Consejo de Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas abogan por el desarrollo transversal o curricular, de la educación cívica y su generalización en los sistemas educativos democráticos es una realidad. Ya en 1972 en el informe sobre la educación del futuro, elaborado por una comisión de la UNESCO, presidida por Edgar Faure se decía "a la escuela se le continúa y se le continuará confiando un papel de formación cívica- lo esencial no es saber el lugar que ocupe en la enseñanza este tipo de instrucción, sino a qué fines atiende, ¿favorecer la eclosión de individuos con una manera propio de concebir realmente sus relaciones con el mundo, o condicionar a individuos sometidos a modelos impuestos y fáciles de gobernar?, ¿estimular la formación de espíritus embriagados de libertad y provistos de sentido crítico o sacralizar las jerarquías?"(Aprender a ser. Alianza Editorial/UNESCO, 1972).

¿Qué ocurre, pues, con el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según establece el art. 27.3 de la Constitución Española? ¿Es este derecho antagónico al deber de los poderes públicos de promover la educación de los ciudadanos en los valores comunes, conforme ordena el artículo 27-2 de la Constitución, en el mínimo común ético consagrado por el derecho según el Tribunal Constitucional y que se contienen tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Nuestra Constitución es tan incoherente como para establecer dos artículos contradictorios entre sí? Sería algo absurdo. Ocurre más bien que a nuestro juicio, la Constitución contempla dos planos de la formación en valores, algo que resulta inaceptable para el planteamiento maniqueo, de combate entre las dos ciudades y entre el bien y el mal que sostienen los sectores neoconservadores católicos de España: por un lado, el plano que corresponde a la familia y al respeto y las garantías debidas a su ámbito privado de libertades de conciencia y religión, y por otro, el plano que corresponde a la sociedad, al espacio público y a las instituciones públicas y comunes, en el que concurren individuos y familias que asumen libre y legítimamente creencias religiosas o convicciones morales particulares, que son distintas entre sí y que han de convivir pacíficamente y en tolerancia mutua, sin que traten de imponerse las unas sobre las otras; lo que requiere organizar la convivencia y la propia educación del ciudadano a partir de unos valores éticos y unas reglas básicas comunes.
La familia es una institución básica de la sociedad y no un ente aislado de la misma; es una parte de la sociedad y no debe ser tratada como un satélite anarquizante que desorganiza el orden y la armonía social e institucional necesaria para la convivencia. La familia y el individuo necesitan a la sociedad, a sus instituciones y servicios públicos para garantizar su propia supervivencia. Esa es la verdad, pero desgraciadamente es posible que los partidarios de la doctrina de las dos ciudades sigan, como en épocas remotas, tratando de teorizar la superioridad de la moral de la ciudad celeste como la única moral posible, con exclusión de cualquier otra, sobre la ciudad terrena, y desconociendo que, en definitiva, las sociedades y las familias de las ciudades reales y concreta de nuestros días necesitan perentoriamente que la escuela les proporcione una formación de calidad que, indefectiblemente, debe contener las competencias sociales y ciudadanas propias de una buena educación para la ciudadanía.

*Presidente de la Fundación Educativa y Asistencial Cives y de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

HO Canarias llama a todos los padres a ejercer su derecho a la objeción de conciencia ante la adoctrinante Educación para la Ciudadanía

“No hay que tener miedo: la educación corresponde a los padres. Ante la intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de nuestros hijos, ni un paso atrás”

Tras la polémica inclusión de las asignaturas de “Educación para la Ciudadanía” introducida por el Gobierno Zapatero sin consenso ni diálogo y con un alto contenido ideológico basado en el relativismo, en el ataque a las religiones, en la ideología de género, en la defensa del aborto, y de otras ideas propias de la ideología del señor Zapatero, muchos valientes padres, conscientes de la importancia de la educación en la vida de sus hijos, decidieron no dar un paso atrás y ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

Este movimiento por la libertad y por el derecho, reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales como el de Derechos Humanos, de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, nacía como un nuevo David frente al poderoso Goliat del Estado.

Sin embargo la Historia se ha repetido y parece que David, con el arma de lo justo, puede vencer al poderoso Goliat. Por ello HO Canarias ante las adoctrinantes asignaturas de EpC, invita a todos los padres de nuestras islas a ejercer su derecho y a objetar.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a unos padres objetores frente a la decisión arbitraria del Sr. Chaves, presidente autonómico, de no respetarles en su derecho.

EpC es un peligro para la educación de nuestros hijos, ya que defiende que no existe ninguna verdad, no enseña el orden constitucional sino que trata de formar a nuestros hijos en la peculiar visión de la vida del Sr. Zapatéro, una visión marcada por la ideología de género que sostiene, por ejemplo, la peregrina idea de que no existen hombres ni mujeres sino que está diferenciación es algo simplemente cultural, que ataca a la familia, que ignora el papel de la religión en la vida de las personas, que es beligerante frente a unas posiciones políticas mientras que respalda a otras, etc. Un ejemplo sensible para los canarios es, por ejemplo, un libro de la editorial Akal que trata de que nuestros hijos relacionen la crisis de la agricultura canaria con la adicción a la droga de buena parte de nuestra población, afirmación completamente alejada de la realidad.

No importa el color del Gobierno en las islas para oponerse a la intromisión del Estado en la educación de nuestros hijos. Esta no es una batalla partidista, sino una batalla por la libertad.

Por todo ello reiteramos nuestra recomendación a todos los padres canarios para que estén alerta y objeten frente a esta asignatura completamente innecesaria. José Castro, responsable de HO Educación en España sostiene que “No hay que tener miedo: la educación corresponde a los padres. Ante la intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de nuestros hijos, ni un paso atrás”

Para más información:
www.hazteoir.org
www.profesionalesetica.org donde pueden encontrar varios estudios sobre la asignatura, asesoramiento y documentos para presentar formalmente la objeción.

Medios de comunicación

La creación de esta nueva plataforma aparece en 15 medios de comunicación y webs.

Agencia de noticias Católica:

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=21351

Periódicos Digitales de Canarias:

http://indicesiete.com/tenerife/Article8053.phtml

http://www.lalagunaahora.com/content/view/4055/1/

http://www.lagunamensual.es/index.php?M=Noticia&id=1441

http://www.noticiaslagomera.com/

http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=grancanaria&id=226

http://www.noticiasfuerteventurahoy.com/

Webs:

http://www.hazteoir.org/node/12518

http://objetores.org/novedades_detalle.php?id=406

http://www.objetores.org/enlaces.php

Blogs:

http://www.hazteoir.org/canarias/

http://ciudadlagunera.blogspot.com/2008/05/asociaciones-civiles-crean-la.html

http://tenerifeeducaenlibertad.blogspot.com/2008/05/nace-la-plataforma-tenerife-educa-en.html

http://www.seudexativa.org/

http://www.papabenedicto16.org/

Ciudadanía recibe un total de 114 objeciones en las Islas

Profesionales por la Ética asegura que crece la cifra de familias que se niegan a recibir la nueva asignatura
MARÍA PLASENCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE Según el colectivo Profesionales por la Ética, sólo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife han objetado un total de 114 familias a la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, que comenzará a impartirse en el Archipiélago en segundo de la ESO el próximo curso y en sexto de Primaria durante el curso 2009/10, según establece el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
Pese a que aún no se ha recibido constancia de estas objeciones en la Consejería de Educación, fuentes de la asociación Profesionales por la Ética apuntan a que "se podrían presentar en breve" y aluden a un total de 114 sólo en la provincia tinerfeña, 63 en La Palma y 51 en Tenerife. Ante esta situación, el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Guillermo Melián, asegura que "puesto que por el momento no se han presentado, no creemos que tengamos problemas en ese sentido".
Sin embargo, si se sigue en las Islas la misma dinámica que en otras comunidades autónomas en las que ya se ha iniciado la asignatura, podría alcanzar los tribunales de justicia, ante el debate social planteado a nivel nacional acerca no sólo en la obligatoriedad de la nueva materia sino también en el derecho de los padres a objetar, aspecto en el que ni los gobiernos regionales, ni el Estado, ni la propia Justicia se han puesto, de momento, de acuerdo.
Las objeciones de conciencia a la materia, impulsadas en su mayoría por el colectivo Profesionales por la Ética, se amparan en la supuesta inconstitucionalidad del currículum de la asignatura.
La mayor parte de los padres que se niegan a que sus hijos reciban Educación para la Ciudadanía entienden que es una intromisión a su libertad para educar a los menores en sus propias convicciones religiosas y morales, derecho reconocido en la Constitución española.
Puesto que Educación para la Ciudadanía habrá de impartirse obligatoriamente el próximo curso en Canarias tal y como impone la LOE, el Gobierno de Canarias ha dictado la orden correspondiente, estableciendo el currículum de la materia, en el que, según Melián, "se ha respetado el mínimo impuesto por el Ministerio de Educación y se ha completado el horario con contenidos relacionados con la realidad del Archipiélago".
Inmigración, en el currículum canario
Resolución de conflictos, convivencia, democracia o la lucha por la felicidad son algunas de las unidades que componen el currículum de Educación para la Ciudadanía, conceptos con los que los escolares canarios comenzarán a familiarizarse a partir del inicio del próximo curso escolar, cuando la asignatura comience a impartirse en las Islas.
Desde la aprobación de la LOE en el Gobierno hasta estos momentos, mucho se ha escrito y debatido acerca de la asignatura, tanto que sin duda se convertirá en el punto de mira del próximo curso escolar en Canarias. La reacción de alumnos, padres y profesores es, por el momento, un misterio, y la consejera regional de Educación ya se ha pronunciado: "Hay que acometer lo que nos impone el Estado y por ello Educación para la Ciudadanía se impartirá en el curso 2008/09".
Al currículum, establecido por decreto, se ha añadido para Canarias aspectos como la inmigración, la interculturalidad, la relación y comunicación con el exterior o el uso racional de las nuevas tecnologías. Según el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Guillermo Melián, "se han divido en el caso de Primaria en tres bloques temáticos y en Secundaria en cinco.
El mismo decreto establece la autonomía de los centros educativos, lo que afecta también a otro de los aspectos polémicos de Educación para la Ciudadanía: el material escolar y libros de texto que se empleen para impartirla. En ese sentido, la Administración se ha mostrado tajante al asegurar que "son los centros los que decidirán, siempre que se respete el currículo". Aún así, y dada la polémica suscita en la comunidad escolar tras una denuncia del PSC, es previsible que ningún centro incluya un manual editado en el que, al parecer, se dejaba al Archipiélago en algo más que un mal lugar.
Todas estas circunstancias se han ido barajando y analizando desde la aprobación de la Ley, pero hasta hace poco quedaba aún una incógnita en el aire, puesto que ni el Ministerio de Educación (MEC) ni la Consejería de Educación se habían pronunciado oficialmente en cuanto al perfil profesional del docente que ha de impartir la materia. En ese sentido, recientemente el Estado ha establecido que la titulación requerida para los profesores de Ciudadanía será la misma que en la actualidad se exige para los docentes de las áreas de Geografía e Historia o Ciencias Sociales (Filosofía, Sociología, Derecho o Ciencias Políticas, entre otras).

http://www.objetores.org/novedades_detalle.php?id=155

"Defendemos la libertad moral, no la religión católica"

Entrevista a Benigno Blanco Rodríguez, Presidente del Foro español de la familia
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Tal vez no haya convocado manifestaciones multitudinarias como las que hubo con motivo de la aprobación del matrimonio homosexual, pero el Foro Español de la Familia acapara en su seno a la mayor parte de los padres que se oponen a que sus hijos reciban la tan traída y llevada asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Desde este punto de vista, se trata de una potente organización nacional que, además, cuenta con el apoyo explícito de la Iglesia y que busca que esta materia educativa no se aplique, o que se haga pero sólo en aquellos alumnos cuyos padres lo han decidido y no como una imposición. Invitado a Tenerife por la Plataforma Cívica de Familias Cristianas y Hazteoir.org, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, explica por qué la mejor salida para este conflicto es la objeción de conciencia.
-Lo primero que quiero decirles a las familias para que puedan adoptar una decisión en libertad, pero con información real, es que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), tal y como se recoge en la norma jurídica, tiene como finalidad expresa formar la conciencia moral de todos los niños de entre 10 y 18 años, y esto es una auténtica expropiación del derecho constitucional de las familias a ser ellas las que decidan los contenidos morales que quieren para sus hijos.
-Realmente, ¿en dónde radica el problema de EpC?
-Hasta ahora las familias podíamos decidir conforme a nuestras convicciones, pero ahora los gobiernos se arrogan el derecho a entrometerse en este contenido y ser ellos los que lo decidan qué valores morales deben aprender nuestros hijos. Mi propuesta es que las familias se nieguen a que se les prive de este derecho que está por encima de cualquier otra ley, y es que el cariño y la preocupación que tenemos por nuestros hijos hace que queramos educarlos en la moral tradicional para que sean buenas personas y buenos ciudadanos.
-Educar en valores y moralidad es siempre positivo; sin embargo, parece que el problema se centra en los contenidos que contempla la asignatura. ¿Es así?
-Los contenidos son de una fuerte carga ideológica y dicen que la única fuente de criterios morales válida en democracia son las leyes. Es un planteamiento que se mantiene históricamente y que se conoce como positivismo, pero que muchos no compartimos porque no todos los valores que incorporan las normas son morales. Por ejemplo, la defensa al derecho a la vida, en el que el derecho español está poco comprometido y como se plantea es insuficiente desde algunos puntos de vista. En cualquier caso, lo importante no es lo que se dice sobre una cosa concreta en un libro u otro sino la concepción de la moral que inspira la asignatura, y eso tampoco lo compartimos.
-¿Qué se soluciona con la objeción de conciencia?
-Hemos estudiado el ordenamiento jurídico y nos ha parecido que es la forma más apropiada que tienen los padres para defender su libertad frente a esta intromisión del Gobierno. El hecho de que unos niños estén en un asignatura o no es consecuencia de que estamos en un estado pluralista. Igual que hay médicos que practican el aborto y otros que no, o gente que recibe transfusiones de sangre y otros no. En cualquier caso, la solución la deben dar las comunidades autónomas y a nosotros nos vale cualquiera que respete los derechos de los padres a educar a sus hijos.
-¿Conoce el caso concreto de Canarias?
-Si, me han notificado poco más de 200 objeciones de conciencia, pero es un proceso que está comenzando. En otras comunidades el proceso está más avanzado y hay cerca de 30.000 objeciones.
-Desde fuera parece que a EpC sólo se oponen los católicos
-No sólo somos católicos o personas vinculadas a la Iglesia, hay de todo. Nosotros lo que defendemos es la libertad y los padres que me comunican que han decidido objetar no me dicen si son católicos o no, pero lo que sí tengo claro es que con estas medidas defendemos la libertad y no la religión católica, porque lo que buscamos es que cada padre eduque a su hijo según sus convicciones, sea católico, masón, protestante, del Partido Socialista, del Partido Popular o de lo que sea.
-¿Qué tal es su relación con el Gobierno de Zapatero?
-Por desgracia ninguna, porque aunque hemos pedido reiteradamente ser atendidos por el presidente del Gobierno o los ministros de Justicia o Educación, el diálogo no parece que esté entre sus prioridades y jamás nos han atendido. Esperemos que en esta legislatura haya más talante democrático y de deseo de escuchar a la sociedad.

http://www.objetores.org/novedades_detalle.php?id=154