viernes, 27 de junio de 2008

41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA.

Madrid, 25 de junio. El curso escolar que acaba de finalizar ha sido el primero en el que la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha impartido en 3º de Educación Secundaria Obligatoria en siete comunidades autónomas. La polémica materia ha suscitado ya, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, más de 41 mil objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.

Sin embargo, la polémica no ha hecho más que empezar porque el curso que viene EpC se impartirá en toda España, en 2º o 3º de ESO (según las comunidades autónomas), en 4º de ESO (bajo la denominación Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).

Estos datos han sido presentados hoy en Madrid por PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia de padres. Se espera, por tanto, un «otoño caliente» en el ámbito educativo.

Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el movimiento objetor está reflejando sin duda, una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, objetivos e identidad de sus protagonistas.

Tamayo ha asegurado que «los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos».

Igualmente, la coordinadora de esta campaña ha recordado que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41 107 padres objetores sino de nº de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que normalmente firman la objeción el padre y la madre..

Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla La Mancha y de Andalucía. «Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en abril de 200, ha asegurado Tamayo, «podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración educativa».

En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres, es decir ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que promovían la objeción a EpC con el lema Tus hijos, tu decisión, hoy son 92 las entidades que dan forma al movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.

A continuación ha intervenido Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad). Según Pastor, en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura ya que al leer los objetivos de EpC y de Educación Ético-Cívica se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como «la identidad personal», los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. «Tras leer los decretos de EpC», asegura Pastor, «me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuánto los padres se informan del objetivo de EpC, que es «formar la conciencia moral de los alumnos».

Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay , presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:

EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
No se puede entender que existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la fiscalía contra los padres. «Los objetores», ha asegurado, «van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando».
Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana , donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.

viernes, 13 de junio de 2008

Familia o educación cívica por Victorino Mayoral (Fundación Cives)

La Educación para la Ciudadanía no es precisamente cuestión baladí, ni de corto recorrido en la historia de la educación y de la ciudadanía. Solo si se ignora la génesis y trascendencia cultural, política y social del concepto y carácter de la ciudadanía democrática se puede aceptar la visión reduccionista, neoconservadora y fundamentalista de quienes niegan esa dimensión social del hombre. Como dijo Aristóteles solamente los dioses o los locos pueden vivir al margen de la sociedad y de la ciudadanía. Todos los sistemas democráticos conocidos han actuado y actúan con la misma lógica: los valores que fundamentan los derechos, las libertades y los deberes de la ciudadanía deben formar parte de la educación de todos los ciudadanos, sin que los derechos de los padres a elegir la educación religiosa y moral que crean adecuada para sus hijos constituya obstáculo alguno para el despliegue académico de la formación en valores democráticos por parte de los poderes públicos. La educación cívica se imparte en las escuelas norteamericanas desde la década de 1840 y en los niveles de enseñanza Primaria y Secundaria en Francia desde que Jules Ferry introdujo la instruction cívique en 1882. Hoy, el Consejo de Europa, la Unión Europea, las Naciones Unidas abogan por el desarrollo transversal o curricular, de la educación cívica y su generalización en los sistemas educativos democráticos es una realidad. Ya en 1972 en el informe sobre la educación del futuro, elaborado por una comisión de la UNESCO, presidida por Edgar Faure se decía "a la escuela se le continúa y se le continuará confiando un papel de formación cívica- lo esencial no es saber el lugar que ocupe en la enseñanza este tipo de instrucción, sino a qué fines atiende, ¿favorecer la eclosión de individuos con una manera propio de concebir realmente sus relaciones con el mundo, o condicionar a individuos sometidos a modelos impuestos y fáciles de gobernar?, ¿estimular la formación de espíritus embriagados de libertad y provistos de sentido crítico o sacralizar las jerarquías?"(Aprender a ser. Alianza Editorial/UNESCO, 1972).

¿Qué ocurre, pues, con el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según establece el art. 27.3 de la Constitución Española? ¿Es este derecho antagónico al deber de los poderes públicos de promover la educación de los ciudadanos en los valores comunes, conforme ordena el artículo 27-2 de la Constitución, en el mínimo común ético consagrado por el derecho según el Tribunal Constitucional y que se contienen tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Nuestra Constitución es tan incoherente como para establecer dos artículos contradictorios entre sí? Sería algo absurdo. Ocurre más bien que a nuestro juicio, la Constitución contempla dos planos de la formación en valores, algo que resulta inaceptable para el planteamiento maniqueo, de combate entre las dos ciudades y entre el bien y el mal que sostienen los sectores neoconservadores católicos de España: por un lado, el plano que corresponde a la familia y al respeto y las garantías debidas a su ámbito privado de libertades de conciencia y religión, y por otro, el plano que corresponde a la sociedad, al espacio público y a las instituciones públicas y comunes, en el que concurren individuos y familias que asumen libre y legítimamente creencias religiosas o convicciones morales particulares, que son distintas entre sí y que han de convivir pacíficamente y en tolerancia mutua, sin que traten de imponerse las unas sobre las otras; lo que requiere organizar la convivencia y la propia educación del ciudadano a partir de unos valores éticos y unas reglas básicas comunes.
La familia es una institución básica de la sociedad y no un ente aislado de la misma; es una parte de la sociedad y no debe ser tratada como un satélite anarquizante que desorganiza el orden y la armonía social e institucional necesaria para la convivencia. La familia y el individuo necesitan a la sociedad, a sus instituciones y servicios públicos para garantizar su propia supervivencia. Esa es la verdad, pero desgraciadamente es posible que los partidarios de la doctrina de las dos ciudades sigan, como en épocas remotas, tratando de teorizar la superioridad de la moral de la ciudad celeste como la única moral posible, con exclusión de cualquier otra, sobre la ciudad terrena, y desconociendo que, en definitiva, las sociedades y las familias de las ciudades reales y concreta de nuestros días necesitan perentoriamente que la escuela les proporcione una formación de calidad que, indefectiblemente, debe contener las competencias sociales y ciudadanas propias de una buena educación para la ciudadanía.

*Presidente de la Fundación Educativa y Asistencial Cives y de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

HO Canarias llama a todos los padres a ejercer su derecho a la objeción de conciencia ante la adoctrinante Educación para la Ciudadanía

“No hay que tener miedo: la educación corresponde a los padres. Ante la intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de nuestros hijos, ni un paso atrás”

Tras la polémica inclusión de las asignaturas de “Educación para la Ciudadanía” introducida por el Gobierno Zapatero sin consenso ni diálogo y con un alto contenido ideológico basado en el relativismo, en el ataque a las religiones, en la ideología de género, en la defensa del aborto, y de otras ideas propias de la ideología del señor Zapatero, muchos valientes padres, conscientes de la importancia de la educación en la vida de sus hijos, decidieron no dar un paso atrás y ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

Este movimiento por la libertad y por el derecho, reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales como el de Derechos Humanos, de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, nacía como un nuevo David frente al poderoso Goliat del Estado.

Sin embargo la Historia se ha repetido y parece que David, con el arma de lo justo, puede vencer al poderoso Goliat. Por ello HO Canarias ante las adoctrinantes asignaturas de EpC, invita a todos los padres de nuestras islas a ejercer su derecho y a objetar.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a unos padres objetores frente a la decisión arbitraria del Sr. Chaves, presidente autonómico, de no respetarles en su derecho.

EpC es un peligro para la educación de nuestros hijos, ya que defiende que no existe ninguna verdad, no enseña el orden constitucional sino que trata de formar a nuestros hijos en la peculiar visión de la vida del Sr. Zapatéro, una visión marcada por la ideología de género que sostiene, por ejemplo, la peregrina idea de que no existen hombres ni mujeres sino que está diferenciación es algo simplemente cultural, que ataca a la familia, que ignora el papel de la religión en la vida de las personas, que es beligerante frente a unas posiciones políticas mientras que respalda a otras, etc. Un ejemplo sensible para los canarios es, por ejemplo, un libro de la editorial Akal que trata de que nuestros hijos relacionen la crisis de la agricultura canaria con la adicción a la droga de buena parte de nuestra población, afirmación completamente alejada de la realidad.

No importa el color del Gobierno en las islas para oponerse a la intromisión del Estado en la educación de nuestros hijos. Esta no es una batalla partidista, sino una batalla por la libertad.

Por todo ello reiteramos nuestra recomendación a todos los padres canarios para que estén alerta y objeten frente a esta asignatura completamente innecesaria. José Castro, responsable de HO Educación en España sostiene que “No hay que tener miedo: la educación corresponde a los padres. Ante la intromisión ilegítima del Estado en la educación moral de nuestros hijos, ni un paso atrás”

Para más información:
www.hazteoir.org
www.profesionalesetica.org donde pueden encontrar varios estudios sobre la asignatura, asesoramiento y documentos para presentar formalmente la objeción.